El ministro indicó que la directriz desde el Gobierno Nacional es dialogar con las comunidades afectadas. Por ello, indicó que tanto el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Minas, Irene Vélez, han mantenido conversaciones durante esta tarde con los alcaldes de Tarazá y Cáceres sobre el motivo de los bloqueos que son la destrucción de la maquinaria dedicada a la minería ilegal.
“Lo primero es ante todo el diálogo, pero solo si estos bloqueos persisten por la vía de la fuerza, habrá que proceder”, aseguró Velásquez.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, indicó que a la luz de la ley las obstrucciones que en 10 puntos se han hecho a lo largo de 53 kilómetros de la Troncal entre Tarazá y Cáceres se pueden caracterizar como una falta penal, por lo que bajo el amparo de las normas la Fuerza Pública puede intervenir los cierres para disolverlos.
“Se han colocado elementos sobre las vías que han puesto la seguridad alimentaria y de las personas de la región en peligro. Además un menor de edad murió por culpa de los bloqueos, no se le pudo brindar atención médica a tiempo. Por todo esto, se cumple lo estipulado en la sentencia de la Corte Constitucional C-742 de 2012 para generar un dispositivo especial para intervenir”, expresó Sanabria.
De acuerdo con los altos mandos y el ministro se está a la espera de las conclusiones de los diálogos entre los ministros y la comunidad, para conocer si se procede por la fuerza a reabrir la vía.
Mientras tanto el bloqueo persiste dejando a cerca de 1.200 vehículos de carga afectados. Además esta mañana se presentó el saqueo de 23 tractocamiones por parte de los manifestantes y los lugareños, lo que dejó cuatro conductores lesionados.
Por su parte, el secretario sectorial regional, Luis Fernando Suárez, avaló la decisión tomada por el ministro, porque cumple con los pedidos que desde la Gobernación de Antioquia se habían dado en este sentido.
