A través de procesos de cobro coactivo contra Electricaribe y otros responsables fiscales, la Contraloría General de la República recuperó recursos en favor del Estado por el orden de los $187.227 millones.
En desarrollo de este proceso, la Contraloría había hallado responsable a Electricaribe de haber usado entre julio de 2011 y octubre de 2016 recursos del Fondo de Energía Social, FOES, que iban destinados a los subsidios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la región Caribe, para disminuir las pérdidas de la empresa.
En su momento el ente de control explicó que los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo.
Los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe.
Al llevar a cabo dicha aplicación no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que, por el contrario, se favorecieron los ingresos de la Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales.
