El Ministerio de Salud y Protección Social celebra la ratificación, por parte del Estado Colombiano, de la ´Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, la cual fue adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Esta es una herramienta que busca promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.
“El Gobierno se encuentra comprometido con la garantía de los derechos de las personas mayores, y en el cumplimiento de los 27 derechos consignados en la convención, avanzando hacia la igualdad y superando la injusticia social”, afirmó Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.
Agregó que “es un honor ser parte de esta primera cosecha de lucha de la sociedad civil. Ahora viene la tarea de implementarla, tenemos que terminar de construir el plan de acción de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, con la participación de los territorios y su diversidad que venimos liderando con el acompañamiento de las 16 entidades firmantes y del Consejo Nacional de Personas Mayores”.
La convención es un documento único en su tipo que reafirma el respeto que se le debe a los derechos humanos, a su promoción y protección, en línea con lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por su parte, el canciller Álvaro Leyva, quien a través del Ministerio de Relaciones Exteriores lidera el proceso de depositar ante la OEA la adhesión de Colombia a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos, manifestó sentirse muy comprometido con esta población: “Hago parte de esta población de personas mayores en Colombia, lo que es una muestra que una persona independientemente de su condición, estrato y edad sigue siendo útil y productivo para una sociedad y para la familia. Me siento honrado y enaltecido por hacer parte de esta lucha y de firmar esta adhesión no solo como canciller sino como representante de esta población, esta es una muy grata coincidencia”, aseveró.
Es relevante resaltar como la sociedad civil representada en organizaciones de personas mayores, organizaciones que trabajan de y para personas mayores, sociedades científicas, academia entre otras, han participado activamente en la incidencia para lograr este importante hito del país, convirtiéndose en el noveno en adherirse a la convención.
Entre 2011 y 2021 las personas mayores duplicaron su participación en el total nacional con un crecimiento de 51,5 % representando hoy el 13.9 % de la población colombiana, es decir 7.107.914 personas mayores. Según lo proyectado en el 2031 serán casi 3 millones de personas mayores más lo que equivaldría a 10.012.815 de adultos mayores.
Antecedentes
El 15 de junio de 2015 fue adoptada en Washington, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta es una herramienta para eliminar todas las formas de discriminación, y así mejorar su calidad de vida.
Esta convención desarrolla 15 principios basados en derechos Humanos y reconoce 27 derechos humanos, fue aprobada por Colombia mediante la Ley 2055 de julio de 2020 y es declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-395 de noviembre de 2021.
Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez
El Ministerio de Salud y Protección Social partió de estos preceptos para la construcción de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez buscando mejorar las condiciones de vida de esta población, sus familias y comunidades, para lo que estableció 6 ejes estratégicos y 25 líneas de acción en cuyo desarrollo convergen la formulación del Plan Nacional de Acción Intersectorial para la Implementación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que está en construcción, y el Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez que se lanzó el pasado 4 de agosto.
Desde la política, se busca que las personas mayores accedan a una renta básica para la vejez, gocen de acceso efectivo a los bienes públicos, sean protegidos ante el maltrato, la discriminación y violencia y la resignificación de su valor en la sociedad mediante el desarrollo de oportunidades para una vejez productiva, entre otros.
“Asumimos esta responsabilidad, así como del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, para trabajar de manera articulada y garantizar con empeño el acceso real a los servicios de salud de esta población, sin ningún tipo de discriminación”, concluyó Urrego.
