La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, dialogó con comunidades indígenas de La Guajira sobre el cumplimiento de la sentencia T-302.
Allí, tras saludar a las comunidades, felicitó a la comunidad Wuayúu por interpelar al Estado colombiano, a través de estas acciones a nivel del Sistema Interamericano, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, “por una injusticia inaceptable, como la mortalidad por desnutrición infantil”.
Asimismo, señaló que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha venido haciendo un trabajo de concertación, entendiendo que esta labor debe ser a través de un diálogo genuino.
“Detener la mortalidad por desnutrición infantil no se puede hacer por fuera del sistema de creencias, capacidades y acumulados, que tiene el pueblo Wuayúu en materia de prestación de servicios, de atención primaria en salud, de prevención y promoción”, manifestó la ministra.
En ese sentido, precisó que ya se ha avanzado en unos acuerdos preliminares. Y planteó otros que se pueden hacer desde el Ministerio, coordinados con el PAE, y con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).
“Esta es una oportunidad que se nos presenta para implementar en La Guajira el modelo de salud preventiva, porque la Corte Constitucional nos está exigiendo tener una caracterización de cuál es la situación nutricional de todos los niños y niñas de La Guajira”, planteó la jefa de la cartera de Salud.
Concertación, clave
De igual manera, destacó que ese es un asunto en el que se tiene que trabajar desde ya, con búsqueda activa, en el territorio. “Frente a eso ya hemos avanzado en una propuesta conjunta con 69 equipos que hemos acordado con los voceros y hemos estado conversando con las distintas mesas de concertación de la sociedad civil”, aseguró.
Esto, con el objetivo de contar con unos promotores de salud y gestores de la propia comunidad Wuayúu, que ayuden a hacer esa caracterización en el territorio, pero además que esto pueda canalizarse a través de auxiliares de enfermería, nutricionistas, pediatras y ginecólogos.
“Ese es un primer modelo acordado con los referentes de la sociedad civil, que tendríamos que armonizar con la propuesta de la Gobernación, de 26 equipos. Nada hacemos si logramos esa detección de los niños y niñas y el sistema de salud les hace el paseo de la muerte, no los atiende”, cuestionó la ministra.
De igual manera, destacó que a través de la Superintendencia de Salud se puede intervenir “para que ante la detección del niño, las EPS sean obligadas de manera inmediata a darle traslado”.
¿Cómo hacerlo?
En este punto, la ministra señaló que se podrán disponer los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de promoción y prevención, que tienen las EPS del territorio, los cuales se podrían trasladar para iniciar ya con ese proceso de equipos.
“Lo que requerimos acordar es cómo lo gestionamos. Proponemos que se haga una unión temporal o una suerte de consorcio”, aseguró la ministra, al resaltar que esto sería entre las Empresas Sociales del Estado (ESE) y las IPS indígenas, de tal manera que se puedan direccionar los recursos a partir de las ESE.
“Hay una posibilidad importante en Nazaret, que podría ser un centro nutricional para empezar a través de esa unión temporal de las IPS indígenas con las ESE, en concertación con la comunidad”, dijo Corcho.
Por otra parte, manifestó que los recursos los tiene el sistema y lo que vendría es una decisión de concertación que se debe tomar y que se logre encontrar una articulación entre esos equipos y los que va a gestionar la Gobernación -a través de recursos de regalías-, para que sea un solo modelo propio Wuayúu, concertado por la comunidad.
“En el Ministerio estaríamos listos para que en el momento en que ustedes nos digan que ese es el mecanismo, iniciaríamos a implementar el modelo preventivo, del derecho fundamental a la salud, de búsqueda activa de niños y niñas, para parar esa inaceptable situación en la región”, concluyó la ministra Corcho.
