Para el ente de control, el notorio incremento de homicidios de lideresas y líderes sociales en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, que en lo corrido del año deja un saldo de 125 víctimas a la fecha, obliga a los mandatarios territoriales a convocar de manera urgente los consejos de seguridad y los comités de orden público para profundizar en el análisis de los factores de riesgo que propician hechos de violencia y, en consecuencia, adoptar medidas efectivas de prevención y mitigación.
Adicionalmente, el Ministerio Público pide a los entes territoriales hacer un estudio de las situaciones que han disparado la violencia en sus jurisdicciones para que se reflejen en la política de seguridad y convivencia que adoptará el Gobierno en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, la Procuraduría alerta sobre la ocupación ilegal de tierras en Cesar, Cauca, Huila y Valle del Cauca, y requiere mayor articulación interinstitucional en defensa a los derechos a la propiedad privada y la protección de los ocupantes de tierras.
El ente de control insiste en la necesidad de preservar la seguridad pública y la convivencia en las regiones que actualmente presentan graves complicaciones, y seguirá brindando su capacidad institucional para promover el fortalecimiento de acciones conjuntas que protejan la vida e integridad de los ciudadanos.
