Escuchar, acompañar y no ignorar son algunas claves que deben tener en cuenta todos los ciudadanos a la hora de evitar el suicidio, una labor que hoy, más que siempre, nos compete a todos, teniendo en cuenta que la pandemia dejó en evidencia las necesidades de velar por la salud mental en todas las poblaciones.
Así lo plantea el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, al mencionar que la conducta suicida es un grave desenlace en salud mental relacionado con debilitamiento de las redes de apoyo social, brechas sociales y económicas, aculturación, violencia escolar, la disfuncionalidad familiar, la baja autoestima, la depresión y el consumo de alcohol. En el país la tasa ajustada de mortalidad por suicido ha venido en aumento, pasando de 5,1 por 100.000 en 2005 a 5,29 en 2020.
“Por cada suicidio en mujeres suceden alrededor de 4 en hombres”, mencionó el viceministro, quien al revisar las estadísticas, destacó que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 2021 se registraron 2.962 suicidios en Colombia, aumento que coincidió en la mayoría de los países.
Asimismo, señaló que estas muertes representan un 7,8 % más que las registradas en el 2020 (2.748) y 1,2 % más que las del 2019 (2.927).
En lo relacionado con el intento de suicidio, reportado al Sivigila, el 2019 fue el de mayor reporte con 30709 casos, seguido por el 2021 y 2018 con 29.792 y 28.615 casos respectivamente.
Las entidades territoriales de Risaralda, Caldas, Quindío, Vaupés, Tolima, Putumayo, Amazonas, Nariño, Huila, Antioquia, Casanare, Meta, Guaviare, Boyacá, Caquetá, y Norte de Santander presentaron tasas de incidencia superiores a la tasa nacional.
El factor de riesgo presente en la mayoría de los casos de intento de suicidio es el antecedente de trastorno psiquiátrico (38,0%), que incluye el trastorno depresivo en mayor proporción (86% de los 11309 casos con trastorno
“Durante la última década, los avances en salud mental han sido significativos en el país, con la expedición de la política en salud mental y de la Estrategia nacional de prevención de la conducta suicida; no obstante, transformar el sufrimiento colectivo de las personas, familias y comunidades plantea retos de política pública particulares para nuestro país”, aseguró el viceministro.
Por ello, resaltó que es deber, tanto del Estado como de la ciudadanía, posicionar la salud mental como intrínseca al desarrollo y al bienestar, y como parte fundamental del derecho a la salud, así como fortalecer una atención integral y continua, que esté centrada en las personas, las familias y comunidades con perspectiva comunitaria y procurar por reducir el estigma, el autoestigma y la discriminación.
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha dicho que entre las estrategias de mayor efectividad aparecen sensibilizar a los medios de comunicación frente a la conducta suicida, aumentar las estrategias para promoción de competencias socioemocionales, reducir la disponibilidad de los mecanismos de suicidio y mejorar la atención de los problemas y trastornos mentales”, agregó Urrego.
Por otra parte, recordó que bajo el modelo predictivo y preventivo que estamos construyendo dentro del Gobierno Nacional, que es una prioridad de la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, se trabajará en varios frentes.
Primero, reseñó el viceministro, hacer una lectura del contexto de las personas, las familias y las comunidades de manera que las intervenciones sean apropiadas en los contextos locales y no ocurran de manera aislada. “La salud mental comunitaria es el norte al que apunta la política de salud mental”, precisó.
Asimismo, manifestó que se deberá escalar la implementación de modelos predictivos, de los cuales ya existen experiencias en el país, que aportan herramientas inteligentes para la mejor toma de decisiones de política pública generando impacto social y en salud.
El funcionario destacó que se deberá tener un enfoque diferencial, teniendo en cuenta las condiciones y posiciones de los distintos actores sociales, reconocidos como sujetos de derechos, inmersos en particulares dinámicas culturales, económicas, políticas, de género y de etnia.
De igual manera, las estrategias que se realizarán deberán tener en cuenta los ciclos de vida de las personas y las condiciones que pueden llevar a ambientes limitantes, como es el caso de la discapacidad y de situaciones sociales como el desplazamiento, por ejemplo.
“La salud mental más allá de ser fundamental para la salud, lo es para el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. La salud mental hace posible el logro de la equidad y la reducción de brechas sociales”, detalló Urrego.
Finalmente, el viceministro hizo un llamado a las EAPB y a las redes de prestación de servicios, públicas y privadas, enfocado en “cumplir con las obligaciones de gestión del riesgo, en coordinación con los entes territoriales para que haya una acción fuerte en el campo de la promoción de la vida y la salud mental”.
