“Lo que básicamente hace el proyecto es convertir en política de Estado la política de paz. Eso significa que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación”, dijo Prada en una conferencia de prensa.
Eso significa, añadió, que “los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes en la continuidad de lo que es un derecho y un deber constitucional, como es la búsqueda de la paz”.
Desde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto, Petro ha insistido en impulsar una “paz total”, una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.
Por el momento, se ha avanzado en retomar las negociaciones con el ELN, aunque Petro ha asegurado que ha recibido cartas de todos los grupos, menos de los Comandos de la Frontera -un grupo de disidencias que opera en la región fronteriza con Ecuador-, pero ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe lo sinceras que son.
En esa línea, la radicación del proyecto de ley, en palabras del presidente del Senado, Roy Barreras, es un nuevo paso en la búsqueda de ese objetivo que se propuso Petro.
