El Ministerio Público ha recomendado concebir penas alternativas al encarcelamiento y que puedan beneficiar a la sociedad.
No obstante, la descongestión puede tardar, tal como ha sucedido en la ciudad. De acuerdo con datos del Inpec, para el 2020, el penal reportaba 1.300 privados de la libertad, lo que significaba un atiborramiento del 300%. Hoy, después de dos años se registra una reducción del 65%.
“En la actualidad hay 758 internos, incluyendo 60 mujeres y 7 hospitalizados. Este es un establecimiento que está construido para albergar a 321 internos, seguimos padeciendo por el hacinamiento, razón por la que los Jueces de Ejecución vienen trabajando a efectos de seguir liberando espacio. Le hemos solicitado a la Rama Judicial la sustitución de medidas de aseguramiento, como la prisión domiciliaria, libertad condicional o un cambio que se ajuste a la condición jurídica de cada persona”, explicó Yair Manjarrés, director de la cárcel.
En el contexto de la pandemia, fue sancionado el Decreto nacional 546, el cual perseguía la excarcelación de condenados que cumplieran una serie de requisitos de ley. Pero en este reclusorio fue poco lo que se logró a través de la norma, que acabó con la finalización de la emergencia sanitaria, ya que, de 48 reos que se postularon, solo tres obtuvieron ese beneficio.
Ante este panorama, como una medida alterna, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio, junto a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, iniciaron la creación de una nueva edificación de dos pisos que se construye sobre un área de 600 metros cuadrados y que contó con una inversión de $1.316 millones, para albergar 507 internos y para el alojamiento del personal de guardia.
“Se construyeron tres modulares, igualmente se está erigiendo un área donde estará instalada y operará el comando de guardia, y donde estará la puerta principal del establecimiento para el ingreso del personal administrativo y de visitantes”, señaló Manjarrés.
