La actividad estuvo encabezada por el ministro de Interior, Alfonso Prada, una treintena de congresistas colombianos de todo el espectro político y miembros de la Comisión de Paz del Senado, que también visitarán los 65 municipios más violentos y golpeados por el conflicto del país.
“Hemos instalado el PMU, que es un puesto de mando para lograr la seguridad rápida en modo prevención, no en modo tristeza (como) cuando recibimos la noticia de la muerte de los líderes sociales”, dijo el ministro Prada.
Detalló que se impartieron instrucciones a las instituciones que tienen competencias relacionadas con la protección de la vida de los líderes sociales, de los excombatientes, de los gestores de restitución de tierras, de los que trabajan en la sustitución de cultivos y de los líderes ambientales.
“Hemos adoptado una serie de medidas para que se llegue muy rápido al territorio y se les dé protección para garantizar que la vida prevalezca sobre la muerte”, apostilló Prada. De la sesión también hizo parte el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Prada desglosó que el plan de protección dará prioridad a los 65 municipios más golpeados por la violencia en Colombia pero que se hará énfasis en “5 a 10 de ellos que están en situación muy delicada y sistemáticamente están asesinando a los líderes”.
“Vamos a hacer algo así como un desembarco del Estado en esos 10 municipios para hacer acompañamiento y presencia permanente” dijo el funcionario.
En esa dirección señaló que el Gobierno ordenó dar “cumplimiento inmediato” a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo” y que una de ellas es, justamente, la emitida para los municipios caucanos de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caldono.
Según la alerta, las comunidades indígenas y afro de esas poblaciones “están en alto riesgo de ser víctimas de vulneración a sus derechos por cuenta de los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia, en asocio con Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC
