La Contraloría General de la República emitió un informe en el que alerta sobre los riesgos de desfinanciamiento que estaría corriendo la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro Colón a finales de 2016.
El ente de control comenzó detallando que en 2021 se registró una ejecución de 14,24 billones de pesos, lo que es en últimas un aumento de 2,3 veces más a lo registrado entre 2017 y 2020.
Uno de los riesgos advertidos por la institución tiene que ver con las denominadas Bolsas de Paz como vehículo de implementación. Advierten que el 95 % de la contratación es directa y que esa modalidad no es competitiva.
En materia de recaudo, señalan que hay una disminución en el impuesto al carbono, lo que no es saludable para subcuentas como la Sustitución.
En cuanto a los OCAD Paz, señala que los recursos no tienen una ejecución eficiente, consecuencia de no tener una planeación eficiente.
«Estas deficiencias van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas en el Acuerdo, hasta aquellas que se presentan en la estructuración de pliegos, lo mismo que construcciones deficientes y detrimentos patrimoniales, entre otros riesgos», puntualizan.
Además, se observa una desproporción en la disposición regional de los recursos para el proceso de implementación. Son siete los departamentos en los que se concentra solo el 71 % de los recursos aprobados a través del mecanismo de Obras por Impuestos ($641.177 millones): Antioquia, Arauca, Cauca, Casanare, Caquetá, Tolima y Norte de Santander.
Factores como los mencionados hacen que la implementación del Acuerdo tome 20 y no 15 años, como se tenía previsto.
Para una implementación segura y eficiente se proyecta la inversión de 154,9 billones de pesos entre 2017 y 2031.
