En concepto enviado a la Corte Constitucional, señaló que la finalidad primordial de la vigilancia y el control fiscal es preservar el patrimonio público, por lo que, en principio, no es relevante la naturaleza de la persona que realiza las acciones que causan el daño a los bienes del Estado, sino el resarcimiento de este.
“Para la Procuraduría es claro que las normas constitucionales contemplan un sistema de control y vigilancia fiscal dirigido a salvaguardar el patrimonio público, el cual no solo tiene cobertura sobre los funcionarios públicos que ostentan la calidad de gestores fiscales, sino que también se extiende sobre los particulares, incluso si no tienen dicha condición”, sostuvo la jefe del Ministerio Público.
Advirtió que “en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia”.
En este sentido, sostuvo que el artículo 37 de la Ley Anticorrupción (2195 de 2022), que fue objeto de la demanda, precisa alcance de la responsabilidad fiscal de los particulares siguiendo la jurisprudencia constitucional, con lo cual no solo propende por salvaguardar la moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, sino que también atiende los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de lucha contra la corrupción.
