Las madres cabeza de familia que estén en prisión y que hayan sido condenadas por algún delito, tienen de ahora en adelante una luz de esperanza para rehacer sus vidas, estar con sus hijos y enmendar los errores que cometieron.
La Corte Constitucional ordenó al presidente Iván Duque convertir en ley el proyecto que beneficia con la excarcelación a muchas mujeres detenidas, pagando su condena con trabajo comunitario que aunque no es remunerado, les permitirá tener otro empelo, según explicó Claudia Cardona, directora de Mujeres Libres.
“El trabajo social no es remunerado, pero la misma ley tiene una política de empleabilidad que es la que ayudará a que ellas puedan conseguir empleo aparte del servicio social y se evite la reincidencia”, señaló.
Estas mujeres deben cumplir con unos requisitos como que la condena haya sido por algún delito de hurto, trafico, fabricación o porte de estupefacientes y por otros delitos que tengan una condena de ocho años o menos.
Ellas no pueden tener antecedentes penales por otro delito dentro de los cinco años anteriores a la condena y no debieron haber involucrado a sus hijos en los hechos.
El Inpec revelaron que a junio de este año hay 6.764 mujeres en las cárceles del país, de las cuales 4.652 están condenadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de investigación y Docencia Económicas de México, concluyeron que del total de las condenadas, 75% eran madres cabeza de familia y el 53,4% fueron condenadas por delitos menores.
Según el Inpec, los principales delitos por los que las mujeres se encuentran en prisión son “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con un 44,2%, concierto para delinquir con 36,6 % y hurto con 17,5 %”
Una encuesta de la Universidad Javeriana sobre mujeres, prisiones y delitos relacionados con drogas, evidenció que las mujeres que cometen esos delitos son el eslabón más débil de la cadena.
“Representan los eslabones débiles de la empresa delictiva, lo que demuestra que realmente las actividades criminales cometidas por las mujeres como producto de sus condiciones de marginalidad, no representan el verdadero problema que atraviesa el país por el narcotráfico”, dice la Universidad Externado en un concepto entregado a la Corte.
