Las puertas de la Cárcel Rodrigo de Bastidas están completamente selladas para nuevos reclusos, y no solo por el hacinamiento que existe, sino también por lo que han llamado el incumplimiento del Distrito con los recursos correspondientes para la manutención de los sindicados.
La radical decisión tomada por los funcionarios del Inpec de la Cárcel Rodrigo de Bastidas, se debe a que no se han realizado los convenios interadministrativos con la Alcaldía de Santa Marta.
“Hasta la fecha no se ha materializado un convenio interadministrativo como el que exige el artículo 17 y 19 de la ley 65 de 1993 para que el Inpec pueda asumir la responsabilidad de ese personal sindicado, teniendo en cuenta que a nosotros nos corresponde la responsabilidad del personal condenado”, expresó Francisco Mendoza-presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos Penitenciarios.
“Si ellos asumen y gestionan de una manera eficaz la actuación y el compromiso de estos convenios interadministrativos, obviamente podremos abrir las puertas para contribuirles y ayudarles con el hacinamiento con el que se cuentan en las URI y Estaciones de Policía”, agregó Mendoza.
Pese a no contar con el recurso económico necesario, el Inpec ha recibido desde el 7 de junio hasta la fecha en la Rodrigo de Bastidas 34 internos sindicados, lo que impacta además en una carga laboral para los funcionarios.
