Esta red, de acuerdo con la investigación de las autoridades, cobraba entre tres y treinta millones de pesos para falsificar extractos bancarios, cédulas de ciudadanía, certificados de Cámara de Comercio, registros civiles, entre otros documentos, con el propósito de gestionar nacionalidades o la expedición de visas y pasaportes a migrantes que no cumplían los requisitos de ley.
Esta condena se logró luego de que los cinco integrantes de la organización, mediante preacuerdo, aceptaron los delitos de: concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, y acceso abusivo a redes de información.
Además de Quintero Pinilla, los demás condenados fueron identificados como: Paola Marcela Marín Cuevas, Julio César Campos Mozo, Liz Giovana Herrera Suárez y Giovanny David Ortiz Barraza.
