Alrededor de 30.000 personas de 47 municipios del Caquetá, Córdoba, Putumayo, Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño, correspondientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lograron acceder de manera efectiva a la Justicia, en el marco del proyecto de Modelos de Justicia Local y Rural, liderado por el Ministerio de Justicia y el Derecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.
La iniciativa, financiada por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, mecanismo tripartito conformado por el Gobierno Nacional, las Naciones Unidas y 14 países donantes, centró sus esfuerzos en generar espacios inclusivos en los que las personas tuvieron la oportunidad de compartir su voz y aportar a la construcción de paz y desarrollo bajo un enfoque participativo con perspectiva poblacional, territorial, étnica y de género.
“En el Ministerio de Justicia y del Derecho estamos seguros de que con los Modelos de Justicia Local y Rural logramos generar capacidades en los territorios mediante acciones que garantizan el acceso efectivo a la justicia, logramos el fortalecimiento de las políticas públicas que promueven la convivencia, la gestión pacífica de los conflictos y la legalidad, así como un avance significativo en la gestión de conflictos ciudadanos, a través del empoderamiento en derechos, deberes y rutas de acceso’, indicó el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela.
Entre los resultados socializados se destacan la participación de 3.540 personas en procesos de formación de los cuatro componentes del proyecto (Justicia Formal, Resolución de conflictos en el uso y tenencia de la tierra, Justicia Juvenil Restaurativa y Apropiación de la cultura para la paz y la legalidad), la creación de seis Sistemas Locales de Justicia en Caquetá y Córdoba, y el pacto de 22 acuerdos territoriales entre instituciones y representantes de las autoridades municipales y la sociedad civil.
“Este proyecto se propuso dejar una capacidad instalada en los diferentes territorios y, desde el PNUD, creemos que esto se logró a partir de los procesos de formación, transferencia de conocimientos y acompañamiento técnico, además de la participación activa de las autoridades administrativas, los operadores de justicia y, sobre todo, la comunidad. Por eso, reconocemos que uno de los principales retos es replicar estos procesos y diseñar e implementar estrategias en nuevos territorios que permitan llegar a la comunidad rural con más fuerza, teniendo como referencia la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, 10 y 17, que están ligados a este proyecto’, dijo Alejandro Pacheco, Representante Residente Adjunto del PNUD en Colombia.
Al respecto, el Representante Regional Adjunto de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Olivier Inizan, destacó que “desde UNODC esperamos que la aplicación de procesos y prácticas restaurativas con la participación de adolescentes, víctimas y familias, continúe generando cambios positivos en las realidades de los territorios, para que futuras generaciones puedan vivir lejos de la violencia y, en consecuencia, puedan ampliar su potencial, aportar al desarrollo y contribuir a la paz y la seguridad de Colombia’.
Por su parte, Alice Beccaro, Coordinadora de la Secretaría Técnica del Fondo Multidonante, manifestó que, “desde sus inicios, el Fondo ha priorizado iniciativas relacionadas con la promoción del acceso a la justicia en territorios rurales y la consolidación de métodos alternativos de justicia, por ser muy relevantes para la consolidación de paz. Estas garantizan la prevención de nuevos ciclos de violencia, fomentan la confianza entre las comunidades y el Estado, y promueven así la estabilización en los territorios’.
“Quisiéramos reconocer el trabajo realizado de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, para apoyar la implementación del PDET, mecanismo fundamental del Acuerdo de Paz, para llevar a una transformación integral de los territorios más afectados por la violencia’, expresó.
El evento de cierre contó con la participación de alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos beneficiarios del proyecto, como también de comisarios de familia y representantes de entidades gubernamentales y de la cooperación internacional.
