Por José David Name Cardozo
Con un sospechoso afán, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se encuentran trabajando en los ajustes regulatorios para iniciar una nueva convocatoria de adjudicación para la construcción de la Regasificadora del Pacífico, ubicada en Buenaventura. Un proceso que, por los tiempos, la falta de claridad en la estructuración del proyecto y los interrogantes a la megaobra, aún sin resolver, debería quedar en manos del próximo Gobierno. En varias ocasiones y a través de este espacio editorial, he llamado la atención sobre lo inconveniente que resulta para el país la construcción de esta planta. A nuestros cuestionamientos, se siguen sumando voces de distintos actores de la sociedad civil, expertos del sector, líderes de opinión, la Dimar, empresas productoras de gas y servidores públicos, quienes advierten sobre los impactos peligrosamente negativos que conllevaría la puesta en marcha de la obra, entre ellos, el incremento en las facturas de gas para los hogares, las pequeñas y medianas empresas, así como las grandes industrias.
Hace unos meses la Contraloría General de la República señaló que: “…Para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos (correspondiente a una tarifa de $28.800), la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir de 2024, es decir un incremento de 32 % en tres años”. También, advirtió que el proyecto representa un riesgo porque puede llegar a tener una infraestructura improductiva, si no se presenta el supuesto déficit de gas que se daría en 2024. Exactamente, lo que venimos diciendo desde 2018. La insistencia del Ministerio de Minas y Energía frente a la adjudicación enciende las alarmas sobre los intereses que puedan existir detrás de un proyecto que carece de sustento técnico, y que, sin lugar a dudas, afectará la economía de los colombianos y la producción local.
