La Corte Constitucional legalizó y le dio vía libre al suicidio médicamente asistido como procedimiento permitido para tener una muerte digna en Colombia.
La ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo tuvo una votación de seis votos a favor y tres en contra.
Votaron a favor los magistrados Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo y Natalia Ángel Cabo. Y en contra, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez
Esta decisión responde a una demanda presentada el 1 de septiembre del año pasado por Lucas Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar en contra del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que penaliza la inducción al suicidio, que da una pena de entre 16 y 36 meses de cárcel a quien induzca o apoye a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal grave o incurable.
“Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses”, agrega el artículo demandado.En esa línea, el objetivo de DescLab no es que “el suicidio asistido sea practicado por cualquier persona en cualquier caso”, sino que la Corte decidiera que “cuando un profesional de la medicina presta una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no recibirá un castigo penal”.
