El documento conocido en primicia por Caracol Radio señala que la exgobernadora creó una nómina paralela con el fin de usar parte de los dineros de los convenios, para financiar su campaña política a la Gobernación en el 2015.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un acto de corrupción que se materializó en 2011, luego de la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania (La Guajira) y el Hospital San Rafael por 18.900 millones de pesos, cuyo objeto era desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes.
El centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales. En ese sentido, subcontrató a 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud.
Sin embargo, estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos.
Estos hechos fueron aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud. Es así como un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de tercero.
Los sentenciados son:
- Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas.
- Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos.
- Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por 1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos.
- Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.
La señora Ojeda Rivadeneira fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión; mientras que los demás recibieron penas de cuatro años de prisión.
