Por Ernesto Villa Sánchez
Ganamos un nuevo conocimiento, ganamos experiencia, nuevos aliados y amigos; a pesar de la falta de garantías en cuanto a seguridad, igualdad, derechos políticos, riesgo de fraude electoral, la dignidad y la libertad política, así como los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, a lo relacionado con las víctimas en los acuerdos finales de Paz y, demás impedimentos que enfrentamos los candidatos a las Curules Especiales y Transitorias de Paz -CITREP-; llegamos hasta el 13 de marzo con la dignidad intacta y la frente en alto, con la firme convicción de haber realizado un trabajo honesto, correcto y coherente, sin intervención de mafias o clientelismo alguno; tratando de digerir un resultado anticipado, sin competencia alguna, y así quedó demostrado en las urnas, ostentando más de 15 mil votos a favor del hijo de uno de los mayores victimarios de nuestra región; diferentes candidaturas y organizaciones alertamos para que esta curul no quedara en manos equivocadas.
Desde nuestra candidatura a la Cámara de Paz, avalada por la Organización Social Fundación País de Pocabuy, fuimos enfáticos e insistentes al denunciar acerca de los hechos revictimizantes ocurridos durante el calendario electoral de CITREP; el tiempo corto, la falta de información y claridad en la normatividad, se convirtió en el primer impedimento para nuestros proyectos políticos, esto, demoró la entrega de los anticipos, a tal punto que, para algunos nunca llegaron, además del alto costo de las pólizas de garantías exigidas para este caso; tampoco fueron desembolsados los recursosprovenientes de donaciones privadas, los cuales serían distribuidas en todas las listas por el Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral; dejando sin recursos financieros a la mayoría de candidaturas de víctimas reales del conflicto armado colombiano.
El acto legislativo 02 de 2021, por el cual se crean las 16 CITREP, en su Artículo Transitorio 8, establece la normatividad en términos de financiación de las campañas de esta forma: “será preponderantemente estatal, mediante el sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos, en los términos y topes que determine la autoridad electoral” agregando también que: “Los particulares podrán contribuir a la financiación de estas campañas mediante donaciones hechas directamente al Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales, las cuales serán distribuidas por la autoridad electoral entre todas las campañas Citrep” finalizando con: “No se permiten aportes privados directos a campañas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”; dicho esto la pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿de dónde provienen los recursos de campañas ostentosas con las que ‘competimos’?
Alertamos acerca de la ausencia de garantías de seguridad para los candidatos, así como de un posible fraude electoral en la circunscripción Nº12, que abarca 13 municipios, de 3 departamentos (Magdalena, Cesar y La Guajira), en sus zonas rurales, poco más de 120 veredas y corregimientos; zonas histórica y actualmente golpeadas por las diferentes formas de violencia. LA ORDEN ESTABA DADA, los territorios divididos y enfrentados, así que nosotros las víctimas quedamos en el centro, ya no del debate, sino del combate y, de la falta de institucionalidad; así quedó demostrado, por ejemplo, en los combates armados que se desarrollaron entre el sector de Palmor y San Pedro de la Sierra; así como también, en los inconvenientes de orden público ocurridos en Guachaca, zona rural de Santa Marta, en los que a pocas horas de la apertura de mesas de votación,un grupo de manifestantes se enfrentaron a escuadrones antidisturbios; peor aún, los bloqueos de vías y quema de material electoral en el corredor de la Troncal del Caribe el mismo día de la contienda electoral (13 de marzo), causando traumatismos en el constituyente primario, al no poder ejercer libremente su derecho al voto por ‘miedo’ de las represalias de los actores del conflicto armado colombiano que operan y controlan estos territorios, todo esto sin mencionar la ola de requerimientos, tutelas, denuncias,demandas, entre otras acciones administrativas y judiciales que la gran mayoría de candidatos hemos radicado con el fin de hacer valer nuestros derechos.
Creímos en este proceso democrático para nuestra población, el cual en su esencia, brindaría oportunidades de participación política en el Congreso de la República a campesinos, líderes sociales, ambientalistas, mujeres, indígenas, víctimas entre otros sectores con enfoque diferencial; pero en el camino, todo se desboronó, se desvaneció; así que: Lo que pudo haber sido un hecho histórico de reparación colectiva, para las más de 9 millones de víctimas, se convirtió en una vulneración anunciada dederechos fundamentales, sin garantías de NO repetición; una completa revictimización.
