Por Rafael Nieto Loaiza
La Corte tampoco tenía competencia por una razón política, entendida en su sentido más profundo de ejercicio del poder público.
En una apretada decisión, la Constitucional permitió el aborto libre y sin restricciones hasta la semana 24.
Merece serias críticas. La Corte no tenía competencia para decidir por al menos dos razones. Una técnica: ya había decidido de fondo sobre el tema, es decir había cosa juzgada. La mayoría de la Corte sostiene que no la había porque “existen documentos internacionales que, a diferencia del año 2006, han propugnado por la despenalización del aborto más allá de las tres causales de la sentencia del 2006”. Tal afirmación no solo no es cierta sino que demuestra, una vez más, la ignorancia profunda de la Corte en materia de derecho internacional. Ni uno solo de los “documentos” que lista la mayoría como sustento para su posición tiene el carácter de norma jurídica, son apenas opiniones de algunas personas. Por otro lado, en el 2006 la Corte ya había abordado todos y cada uno de los aspectos que ahora vuelve a tocar para decidir en sentido distinto.
La Corte tampoco tenía competencia por una razón política, entendida en su sentido más profundo de ejercicio del poder público. La Corte ha ido usurpando funciones de las otras ramas y, en particular, del Congreso. Es al Congreso, corazón del sistema democrático, a quien le corresponde la definición de la política criminal y quien debe definir si penaliza o no el aborto.
La usurpación permanente y sistemática de la función legislativa por parte de la Constitucional nos lleva, otra vez, no al gobierno de los jueces sino a su dictadura. Los magistrados son dioses que imponen su ideología a los demás ciudadanos.
Dirán que con el fallo se defienden derechos fundamentales de las mujeres. También falso. El aborto se penalizaba para proteger la vida, no por que quien aborte sea una mujer. De hecho, también se penalizaba a los hombres que lo practicaban. No suponía discriminación de género. Después, por supuesto que debe protegerse la facultad de las personas, hombres y mujeres, de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción. Ocurre que, sin embargo, excepto excepciones como la violación, el embarazo es resultado de optar libremente por tener relaciones sexuales. Si no quieren embarazos, se deben tomar las medidas anticonceptivas que consideren prudentes. Ahora, después del acto sexual libre y consentido, los participantes deben ser responsables de sus consecuencias. Lo que es inaceptable, inmoral y contrario al fundamento de autonomía y dignidad que fundamentan los derechos sexuales y reproductivos, es el uso del aborto como mecanismo de contraconcepción. El aborto supone arrebatar la vida a un inocente, a quien está por nacer, que no tiene culpa alguna por la decisión de ejercer su sexualidad que tomaron sus padres.
Esa criatura no es parte del cuerpo de la mujer, sino un ser humano distinto. Para la Corte, el que está por nacer no tiene derecho alguno hasta la semana 24. Para ese momento, la criatura tiene maduros la mayoría de sus sentidos, mide entre 20 y 24 centímetros y podría vivir si naciera prematuramente. Para matarlo, los abortistas tienen que desmembrarlo, romper su cráneo y triturarlo, todo con enorme sufrimiento para el bebé. Una verdadera tortura.
En fin, la mayoría de la Corte usurpa las funciones del Congreso y erosión la democracia. Vulnera el derecho a la vida de los más inocentes e indefensos de todos los seres humanos, los que están por nacer, y legitima su asesinato. El aborto es una tragedia con dos víctimas: una a la que se mata y otra que sobrevive. Esta es una Corte arbitraria que protege a los narcos y permite el asesinato de los niños. No hay motivo para celebrar sino, todo lo contrario, para el pesar y la pena.
