Los panfletos amenazantes, los atentados sicariales, los ataques a la fuerza pública, la compra de votos y el clientelismo son algunos de los factores que ponen en riesgo las elecciones en 2022 a lo largo y ancho de la región Caribe.
Desde diferentes direcciones suenan las voces de alerta, la Misión de Observación Electoral, MOE, la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos, han emitido informes sobre el peligro que aflige a las distintas poblaciones de la Costa Atlántica, sobretodo en el sur de Córdoba, los Montes de María (Bolívar y Sucre) y el Cesar.
En Córdoba son siete los municipios que están bajo amenaza alta de violencia electoral, advirtió la Defensoría del Pueblo en su más reciente alerta temprana, haciendo referencia a Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia, Montería y Sahagún.
De acuerdo con el organismo, estos municipios representan un riesgo alto en materia de violencia electoral y vulneración de los derechos a la población en medio de los procesos electorales que se avecinan.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó a las autoridades a brindar todas las garantías para el ejercicio democrático en estas poblaciones donde el mayor riesgo lo representan los grupos al margen de la ley, que podrían incidir en el proceso electoral.
“En este proceso se deben extremar las medidas para las curules de paz, sobre todo luego de conocer los nombres de los ganadores en los comicios, pues el Estado deberá brindarles las garantías para el ejercicio de sus nuevos espacios democráticos”, afirmó Camargo.
La Misión de Observación Electoral, MOE, dijo que el país se ha acostumbrado a la celebración de elecciones en contextos de violencia que azotan a la ciudadanía, provocando muertes, amenazas, desplazamientos.
“Miles de voces silenciadas por una violencia que sigue siendo funcional a la política en muchas regiones del país. Persiste además una enorme fragilidad democrática. Esta se hace presente a través de distintas irregularidades y delitos electorales, como por medio de una relación soterrada entre la corrupción político-privada y un uso desmedido de recursos en las campañas electorales”, indicó el organismo de vigilancia.
