Las demoras en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado es una problemática que se hace real en el período del posacuerdo y que afecta aún más a las comunidades rurales.
Así se hace evidente en el corregimiento de Salaminita en el Magdalena. Este pueblo, creado en los años 80 y a solo 20 minutos del casco urbano del municipio de Fundación, fue epicentro de una de las incursiones paramilitares más crueles del departamento.
En 1999, cerca de 30 paramilitares cercaron el pueblo, asesinaron a la inspectora de Policía, a dos jóvenes y desplazaron a todos los habitantes. Por estos hechos, la justicia ordenó que el Estado iniciara un proceso de reparación colectiva a las víctimas del conflicto, lo que incluía la construcción de una escuela en el corregimiento.
A tres años de proferida esta sentencia, aún no se ha puesto la primera piedra de la institución, y cerca de 36 niños del corregimiento, hijos de los desplazados que retornaron a Salaminita, se encuentran recibiendo clases en un rancho de palma, que se está cayendo a pedazos y que no brinda condiciones mínimas de bienestar a los menores.
Los niños están recibiendo clases en unos ranchitos que hemos construido, tenemos uno de palma que construimos hace 10 años, que ya se está cayendo y hay otro grupo de niños que dan clases en un kiosco que de noche es una cantina, es triste ver como los menores dan clases en este sitio”, dijo Leza Daza, líder de Salaminita.
La comunidad pide al gobernador Carlos Caicedo, hacer las gestiones necesarias que permitan la construcción del colegio prometido.
