La Procuraduría General de la Nación reveló que el 50 % de los planes de desarrollo de los 170 municipios con altos indicadores históricos de reclutamiento forzado y más afectados por la violencia, no consideraron en sus instrumentos de planificación territorial esta situación como uno de los graves problemas que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.
En el Día Internacional de las Manos Rojas, el Ministerio Público presentó un informe sobre las “acciones preventivas en reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delincuenciales organizados”, en el que analizó, entre otros aspectos, el grado de inclusión de las temáticas relacionadas con la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en las secciones de diagnóstico, programas y presupuesto de los planes de desarrollo territorial, así como la coherencia y correspondencia de esos componentes.
La Procuraduría recordó que “la prevención del reclutamiento se enmarca en un conjunto de planes, programas y proyectos que desarrolla el Estado, la sociedad y la familia para asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que sean reclutados y/o utilizados por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados”.
En este sentido, el informe concluyó que 29 municipios priorizados para el posconflicto de 12 departamentos no mencionaron en sus instrumentos de planificación la prevención del reclutamiento forzado.
Así mismo encontró que solo 10 de los municipios PDET incluyeron en la planeación territorial, de manera racional, la prevención del reclutamiento forzado. Se trata de Ituango y Zaragoza (Antioquia); Morales (Bolívar), Belén de los Andaquíes y Curillo (Caquetá); Argelia, Corinto y Santander de Quilichao (Cauca), y Cumbitara y La Tola (Nariño).
“Llama la atención que 29 municipios (17,1%) no consideraron el reclutamiento y 61 (35,9%) solo mencionaron la realización del diagnóstico, lo que supone que cerca del 50% de los planes de desarrollo de los municipios PDET no consideraron la situación de reclutamiento.”, advirtió el ente de control en el informe.
La Procuraduría advirtió que la ausencia de uno o dos componentes del plan de desarrollo limita la concreción de las políticas públicas dirigidas a prevenir el reclutamiento ilegal, e hizo un llamado a fortalecer la prevención de este fenómeno y la atención, protección integral y restablecimiento de los derechos y la reintegración de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado interno.
