Cumplido el primer mes de actividades de la comisión extraordinaria designada por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, para realizar intervención especial en el departamento de Arauca, por causa de los ataques y enfrentamientos armados que se registraron el 2 de enero, el Ministerio Público hace un balance de la gestión realizada, así:
• Se han registrado 763 personas desplazadas, que corresponden a 346 familias.
• 5 comunidades enteras desplazadas.
• Tame es el municipio más afectado con 254 familias desplazadas.
• 1 comunidad indígena confinada.
• 2 comunidades en riesgo de confinamiento.
• 43 excombatientes en proceso de reincorporación amenazados.
• 73 ciudadanos venezolanos desplazados.
• 346 hogares que han recibido ayudas humanitarias.
• $571.525.000 han entregado diferentes entidades en ayudas humanitarias.
Además, durante la sesión la Comisión de Paz del Senado de la República, realizada el pasado primero de febrero en la capital de ese departamento, los procuradores delegados para el Seguimiento a los Acuerdos de Paz y de Derechos Humanos, reseñaron el Plan Estratégico de Intervención seguido por el ente de control, para la atención de las víctimas, y requirieron a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, para que activen todos los protocolos de atención a estas comunidades vulnerables, que han padecido el flagelo de la violencia por grupos armados al margen de la ley.
Cifras de la crisis
Desde el pasado 3 de enero el equipo de intervención de la Procuraduría ha estado en los municipios más afectados en Arauca (Arauquita, Fortul , Tame y Saravena), con tres premisas principales: tomar las declaraciones de las familias que llegan desplazadas de las zonas rurales donde se presentan los enfrentamientos, para que puedan acceder a la ruta de atención humanitaria; acompañar a la población del departamento de Arauca y vigilar que las autoridades realicen las actuaciones necesarias para garantizar los derechos de la población araucana.
Durante el mes de intervención el equipo de la Procuraduría, en conjunto con los personeros municipales de Tame, Fortul, Arauquita y Saravena, reportó haber recibido las declaraciones de 763 familias y cinco comunidades enteras que llegaron desplazadas de las zonas rurales donde se libran los enfrentamientos armados, además del evidente desplazamiento forzado, homicidios y amenazas de toda índole.
El municipio más afectado por estos desplazamientos masivos ha sido Tame, a donde han arribado, hasta el momento, 254 familias, y cuatro de las cinco comunidades enteras desplazadas. La quinta comunidad llegó al municipio de Arauquita.
Los hechos victimizantes son desplazamiento forzado con el 90 % de las declaraciones, atentado terrorista 6 %, amenazas 3 % y homicidio 1%.
La Comisión también reporta que la comunidad indígena de El Vigía, etnia Makaguan, se encuentra confinada en su territorio y hay otras dos en riesgo de confinamiento, el resguardo indígena de la vereda El Tigre, integrado por 179 familias y los excombatientes de las Farc, pertenecientes al ETCR, ubicado en el sector conocido como Filipinas, que reportan constantes amenazas contra sus vidas.
Entre el cúmulo de personas desplazadas se encuentran 43 casos de excombatientes en proceso de reincorporación que estarían llegando ETCR Filipinas desde Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, para buscar apoyo y protección en este espacio, según datos entregados por la Agencia de Reincorporación y Normalización.
También se han declarado víctimas 73 venezolanos que tienen familia colombiana en Arauca, cuyos casos se remitieron para ser atendidos por la Agencia para los Refugiados ACNUR, para iniciar la solicitud de asilo.
La amenaza de reclutar a niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos ilegales ha sido una preocupación entre las familias que han tenido que desplazarse de sus hogares, se ha detectado riesgo inminente en catorce (14) casos, con corte al 28 de enero de 2022.
De otra parte, el equipo del Ministerio Público ha participado en más de 60 reuniones interinstitucionales de toda índole, como Consejos de Seguridad, Comités de Justicia Transicional, Comités Municipales de Gestión del Riesgo y otras, con el fin de verificar las medidas especiales para enfrentar la ola de crímenes que viene azotando a esta comunidad y las amenazas que se dan contra sus miembros, como reclutamiento de menores de edad, posibles atentados terroristas contra la infraestructura de servicios públicos y la intimidación constante contra líderes y lideresas sociales y periodistas.
La procuradora delegada para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, Diana Cadena, aseguró que “se sostuvo un espacio de trabajo articulado con las personerías municipales para brindar apoyo en procesos de toma de declaración de eventos individuales y masivos, orientación a las víctimas del conflicto, seguimiento a la atención humanitaria para la asistencia de desplazados forzosamente, y el confinamiento y la participación de instancias interinstitucionales para la coordinación de acciones en materia de seguridad”.
Por su parte el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que “en cumplimiento de lo dispuesto por la Procuradora General de la Nación, hemos exhortado a las entidades del Estado para que continúen haciendo presencia efectiva en el departamento y seguimos vigilantes para garantizar los derechos de las víctimas a una atención humanitaria adecuada y a tiempo”.
El Ministerio Público continuará vigilante del desarrollo de la situación en el departamento y hará el respectivo seguimiento de las acciones que desarrollen las entidades al respecto.
