Al culminar este martes primero de febrero el proceso de asignación de 1.2 millones de afiliados de Coomeva EPS, en liquidación a otras Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las 14 EPS designadas por el Ministerio de Salud como receptoras garantizar la continuidad en el acceso efectivo a los servicios de salud, especialmente en tratamientos oncológicos, crónicos y de alto costo, así como en el suministro de medicamentos e insumos médicos.
Desde el pasado 27 de mayo de 2021, cuando la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión administrativa de Coomeva EPS, y más recientemente en la fase de liquidación ordenada por Resolución 189-6 del 25 de enero de 2022, la Procuraduría Delegada para para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente hace seguimiento permanente a estas medidas de intervención forzosa, con el fin de proteger los derechos de los afiliados, conociendo sus quejas y reclamos frente a la atención recibida y gestionando soluciones prontas y efectivas con el Agente Especial Liquidador, y la misma SuperSalud.
También se ha asegurado de que los recursos de la EPS que se encontraban a disposición de juzgados en procesos de cobro coactivo a la fecha de intervención, fueran puestos a disposición del equipo interventor y de tramitar ante la Corte Constitucional la solicitud de selección y revisión de una tutela con el propósito de que, a través de una sentencia de unificación, se ponga fin a la proliferación irregular de procesos de embargo contra los recursos públicos consignados en Cuentas Maestras de recaudo y de pago administradas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que afectan gravemente la liquidez del sistema de salud.
