La Procuraduría General de la Nación solicitó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes Cotes, información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación que benefician a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayuu.
En comunicación enviada a la funcionaria, el Ministerio Público pidió especificar la fundación u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.
La Procuraduría explicó que las acciones preventivas se deben a “las denuncias realizadas por las autoridades del pueblo wayuu, los cuales manifiestan presuntos hechos de corrupción en la forma en que se está llevando la contratación directa para la modalidad propia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
Por tanto, la Regional de La Guajira, en su función de ejercer vigilancia a los funcionarios que desempeñan funciones públicas, inició un estricto seguimiento al presupuesto que ejecutó el ICBF con diferentes fundaciones, quienes prestan los servicios de atención a la nutrición y a la primera infancia, por medio de la modalidad familiar, con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de niños y niñas de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF.
La Procuraduría recordó la importancia de acatar cabalmente la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada y al acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad wayuu asentada en los municipios de Maicao, Uribía, Riohacha y Manaure.
