Por Rafael Nieto Loaiza
La inefable Constitucional tumbó el plan de manejo ambiental que había exigido para reanudar la aspersión aérea de coca con glifosato.
Consecuencias. Una, la consulta previa debe realizarse también cuando pueda afectar poblaciones “campesinas”.
Dos, debe haber consulta con las poblaciones indígenas si hay una “afectación directa”, aunque los resguardos están expresamente excluidos como zonas de aspersión.
Tercero, no sabemos que se necesitará para satisfacer a las mayorías de la Corte. Es claro que no basta que se cumplan los requisitos que el mismo tribunal había establecido para que la participación fuese válida: que haya sido previa, amplia, pública, deliberativa y eficaz. Porque el tribunal reconoce que se hicieron varias reuniones informativas durante distintos días y en diferentes meses, con puntos de apoyo presenciales donde se instaló una pantalla para la proyección de la transmisión y se habilitó un teléfono móvil para la participación de doble vía de la comunidad, que esas reuniones fueron transmitidas por televisión con leguaje de señas y que, además, se difundieron radialmente en 77 emisoras públicas y privadas con sintonía en los 104 municipios donde se haría la aspersión. También se puso a disposición de la ciudadanía una línea telefónica gratuita para responder preguntas y hubo transmisión vía streaming en Youtube, Facebook y Twitter. Lo mismo ocurrió durante la audiencia pública ambiental. Pues bien, para la Corte toda esa combinación de presencialidad, medios tradicionales y virtualidad es insuficiente.
Cuarto, muy grave, la Corte dice que habría que “aplazar la realización de los espacios de participación ambiental hasta tanto se levanten las medidas sanitarias que limitan las reuniones masivas”.
Disculpen ustedes el examen hecho, quizás excesivamente técnico. Era, sin embargo, indispensable para mostrar la realidad detrás de la sentencia: unas mayorías escogidas por Santos que esconden con argumentaciones seudo jurídicas sesgadas y contra evidentes su verdadera tarea de defender, a como dé lugar, el pacto firmado con las Farc. Las consecuencias están a la vista: hoy se produce en Colombia cuatro veces más coca que antes de la firma del componente de narcotráfico del acuerdo y hay muchos más homicidios que antes. Sus manos están manchadas por esas vidas y esa sangre, señores magistrados, aunque a ustedes les importen poco estando como están refugiados en sus mullidos escritorios en Bogotá.
Mientras que no se le tuerza el pescuezo al narcotráfico, y para ello es indispensable la aspersión aérea con glifosato, no saldremos de esta terrible espiral de violencia a la que estamos sometidos
