El ente de control reveló que la EPS no cumple con las condiciones financieras y de solvencia, por lo que se se encuentra en riesgo de iliquidez y arrastra un creciente endeudamiento que podría ocasionar el cierre de sus puertas y dejar de atender a los cerca de 1,2 millones de afiliados en 24 departamentos.
De acuerdo con la Superintendencia, la EPS tiene pasivos cercanos a los 1,7 billones de pesos, un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo, una brecha de 204.230 millones en el patrimonio adecuado y unas pérdidas acumuladas superiores al billón de pesos.
La superintendencia explicó que solo durante los primeros 11 meses de 2021 la EPS registró pérdidas por 190.219 millones de pesos y durante esta vigencia el 40 % de su pasivo se concentraba en 30 acreedores por valor de 700.352 millones de pesos, lo cual generaba un alto riesgo de liquidez.
“Como lo venimos haciendo a lo largo de nuestra gestión, no vamos a permitir que las EPS jueguen con la salud de los usuarios y que pongan en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes con cáncer o insuficiencia renal”, manifestó el superintendente Fabio Aristizábal Ángel.
La EPS estuvo en medida de vigilancia especial por cuatro años y medio, tiempo durante el cual la Superintendencia de Salud le impartió instrucciones y órdenes que no atendió, particularmente para que diera respuesta a la acumulación de quejas, reclamos y peticiones de sus afiliados.
En este aspecto, la entidad identificó que Coomeva no garantizaba a sus afiliados el acceso a los servicios de salud y ponía en riesgo la atención a la población gestante, a los menores de edad y a los pacientes con enfermedades de alto costo (cáncer, insuficiencia renal, VIH y hemofilia).
También encontraron que la EPS no fue oportuna en la prestación de servicios de salud incluidos en el plan de beneficios que requiere la población menor de edad, al igual que inoportunidad en la prestación de servicios ordenados por fallo de tutela.
En los últimos tres años, según explicó la superintendencia, Coomeva recibió 193.100 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y por el creciente volumen de quejas ocupó los primeros lugares entre las 14 EPS del régimen contributivo.
Los principales motivos de PQRD se relacionaban con dificultades para acceder a servicios de medicina especializada, demora en entrega de medicamentos, retraso en autorización de exámenes de laboratorio y no pago de las prestaciones económicas derivadas de licencia de enfermedad general.
“Ni con las medidas de salvamento propias de intervención para administrar, se pudo superar la situación crítica que la entidad venía experimentando y, por ende, el incumplimiento de estas órdenes se mantuvo en el tiempo”, señala la resolución que ordena la liquidación de la EPS.
Entre 2019 y 2021 la Supersalud impuso cinco medidas cautelares a Coomeva, a fin de que diera pronta respuesta a miles de casos de usuarios en riesgo que requerían gestión urgente.
En los últimos tres años la EPS registró una pérdida cercana a 550.000 afiliados, una de las disminuciones más fuertes entre las empresas del sector del aseguramiento en salud para ese periodo.
A la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud ha proferido multas por más de 20.000 millones de pesos contra la EPS Coomeva, siendo una de las más sancionadas.
Los cerca de 1,2 millones de afiliados ahora serán reasignados a EPS que no se encuentren bajo ninguna medida especial o restricción para afiliar nuevos usuarios, proceso que estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social.
