El Ministerio de Salud y Protección Social asignó $2.194.179.800 a 14 Empresas Sociales del Estado del orden municipal, beneficiarias de recursos para el fortalecimiento de los procesos de atención a personas con discapacidad exintegrantes de las Farc.
Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social, explicó que “los recursos serán destinados exclusivamente al fortalecimiento de dos líneas de acción, orientadas al fortalecimiento y prestación de los servicios de rehabilitación dirigidos a la población con discapacidad en proceso de reincorporación a la vida civil”.
Esta destinación de recursos se da en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, CONPES No. 3931 de 2018 y Convenio de financiación No. T06.44, suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unión Europea y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Este programa busca una reincorporación integral a la vida civil de exintegrantes de las Farc y sus familias, de acuerdo con sus intereses y necesidades, a través de acciones afirmativas con enfoque diferencial, que se articulan al proceso de reincorporación para superar las barreras de acceso a la oferta institucional que enfrentan estas poblaciones y que son fundamentales para la garantía de sus derechos, por medio de tres ejes estratégicos y operativos.
“Durante el 2021, el Ministerio adelantó acciones de apoyo en el Eje 1., relacionado con atención en salud para la reincorporación, mediante el fortalecimiento de las capacidades individuales, colectivas e institucionales, con el propósito de superar las barreras en el acceso oportuno a un proceso de atención integral en salud, en el marco del reconocimiento de la salud como un derecho fundamental para la población objetivo de este programa y del Sistema General de Seguridad Social en Salud para su implementación”, informó el funcionario.
Durante la vigencia, mediante el procedimiento de certificación de discapacidad y Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, se logró identificar a 1.204 personas en proceso de reincorporación con alguna discapacidad, distribuidos principalmente en Antioquia (142), Meta (137), Tolima (127), Caquetá (117), Cauca (93), Arauca (87).
En cuanto a identidad de género, 977 personas se identificaron con género masculino y 216 con género femenino, 10 personas no respondieron y solo una persona se identificó como intergénero.
El jefe de la Oficina de Promoción Social indicó que “se proyecta que este grupo poblacional pueda recibir servicios de fisioterapia, psicología y otros relacionados con las disciplinas del área de rehabilitación funcional, la asignación de ayudas técnicas y el reconocimiento a los gastos conexos, como desplazamiento y alimentación, que en algunos casos son necesarios para garantizar la adherencia al proceso de rehabilitación”.
Asimismo, la ejecución de los recursos permitirá contar con infraestructura técnica, dotación de equipos, entre otras condiciones necesarias, en los territorios donde estos servicios inician su fortalecimiento y poder potencializar la prestación de servicios en aquellos municipios donde ya se ha tenido apoyo y acompañamiento de otras organizaciones de cooperación internacional.
El proceso de fortalecimiento de los servicios de rehabilitación funcional, impacta positivamente desde diferentes perspectivas a las personas con discapacidad y sus familias, ya que articula y contribuye al desarrollo de acciones de promoción y mantenimiento de la salud, reduce las complicaciones derivadas de la falta de acceso a la rehabilitación, disminuye los costos de bolsillo y minimiza el impacto de la discapacidad; “esto redunda en el fortalecimiento del valor de lo público y logra que las personas con discapacidad accedan sin barreras geográficas y económicas a la rehabilitación funcional”, dijo Cepeda.
Y agregó que “aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la rehabilitación funcional aporta a la equiparación de oportunidades desde un enfoque biopsicosocial, diferencial, centrado en la persona y en la familia, y propone, además, no solo la implementación y prestación de servicios, sino que aborda espacios dignos de atención para la ciudadanía”.
“Hacemos un llamado a los territorios donde se encuentran ubicadas las Empresas Sociales del Estado beneficiarias de estos recursos para que realicen un trabajo conjunto y desarrollen las acciones pertinentes. Los lineamientos del proceso de ejecución de los recursos están descritos en la Resolución 2272 de 2021, por medio de la cual se realizó la asignación de estos”, concluyó.
