Para el 18 de enero quedó pactada la nueva audiencia especial de pacto de cumplimiento en el que las entidades involucradas deben ponerse de acuerdo para atender la emergencia en Salamina.
La comunidad se queja por el silencio sepulcral que guarda Cormagdalena y el Gobierno Nacional, quienes prometieron que para finales de diciembre estaría listo el Plan Maestro en fase 3 y que a principios de enero iniciaría la contratación.
Después de casi 6 meses que el Tribunal Administrativo del Magdalena no se pronunciara sobre la demora en los estudios y diseños que debe entregar Cormagdalena para la solución definitiva a la erosión fluvial en el margen derecho del río Magdalena, en la vía que comunica a los municipios de Salamina y El Piñón.
Carlos Mario de la Cruz, personero de Salamina, una vez más ha salido en nombre de la población a clamar celeridad en la entrega del Plan Maestro prometido para antes de finalizar este año. Señala que la espera puede seguir representando un peligro para la región porque no se aprovecharon los tiempos que el mismo río dio.
“Hemos sido enfático en la urgencia de las obras, también hemos advertido sobre el aumento de los niveles del afluente y porque además no se hicieron las inversiones que se necesitaban. El Plan Maestro debía estar listo a mitad de año, pero se fue extendiendo en el tiempo desde el mes de junio, agosto y finalmente ahora en diciembre, pero no hay nada consolidado”, acotó el representante del Ministerio Público.
De la Cruz dijo que las condiciones con las que se prolonga la emergencia son cada vez más deplorables, “el puerto del ferry hoy está totalmente destruido, la erosión se acerca cada vez a la cabecera, con la zozobra y la decepción de los salamineros por el abandono en el que nos encontramos por la gobernación y la presidencia”.
Para la ejecución del Plan Maestro el Ministerio de Hacienda anunció que desembolsaría $90 mil millones de pesos necesarios para las obras definitivas las cuales contemplan: la protección de la orilla, el dragado inducido y controlado del islote ‘El Tamarindo’ y el nuevo trazado de la vía que permite el paso hacia El Piñón.
Desde el 25 de mayo de este año cuando se llevó a cabo una audiencia especial para determinar el cumplimiento de una medida cautelar ordenada por Quiñonez Triana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha invertido más de $36 mil millones en obras de mitigación, las cuales han sido pañitos de agua tibia porque, así como han sido ejecutados, de la misma manera el río se las ha llevado.
El personero de los salamineros, desde el inicio de la acción popular ha pedido a la magistrada que “sancione a los responsables de las omisiones, negligencias, y a quienes han desacatado las órdenes impartidas para frenar el fenómeno erosivo” durante estos 2 años de calamidad.
