La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Armada, el Ejército Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, entre muebles, inmuebles y semovientes, que pertenecerían a una red dedicada al contrabando de ganado conocida como ‘Los Corraleros’.
Se trata de 12 predios rurales, 2 urbanos y 2 establecimientos de comercio; cuyo valor superaría los $4.380 millones.
Los activos estarían a nombre de María Luisa Quenza Jiménez y otros presuntos integrantes de la organización, entre ellos funcionarios del ICA, que habrían realizado maniobras ilícitas para justificar el ingreso de bovinos al país.
Los presuntos involucrados en esta actividad, al parecer, falsificaron documentos e inventaron nombres de proveedores para dar apariencia de legalidad a centenares de cabezas de ganado que entraron de contrabando por la frontera con Venezuela sin el cumplimiento de los requisitos de ley, exponiendo al país a posibles brotes de fiebre aftosa y a la pérdida del estatus sanitario.
La investigación penal permitió establecer que los animales eran trasladados y comercializados en los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Meta y Arauca. Los hechos delictivos, supuestamente, ocurrieron desde el primer semestre de 2018, y dejaron a la organización ganancias que superaron los $1.500 millones al año.
Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
