El procurador Judicial, Ambiental y Agrario del Magdalena, Jorge Escobar Silebi, participó durante la mañana de ayer en el debate de control político, propuesto por el Representante Franklin Lozano y adelantado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en el cual entregó información relacionada con la gestión de la Procuraduría en el problema al que se enfrenta Santa Marta por el derramamiento de aguas residuales.
El funcionario manifestó que a pesar de que la Essmar tiene autonomía jurídica, personería administrativa y patrimonio independiente, esta depende del Distrito, por lo tanto, si la administración distrital no hace inversiones, no habrá soluciones para el saneamiento ambiental básico en Santa Marta.
“Hemos visto en la Procuraduría que, del año 2015 al 2020, el Distrito ha dispuesto de más de $750 mil millones de recursos de libre destinación sin que se priorice para efectos de atender el saneamiento ambiental y la solución de las necesidades básicas aún insatisfechas para la población”, señaló.
Lo anterior, sería el detonante para grave problemática de la ciudad y, además, el causante de situaciones negativas relacionadas con la salud pública que afectan la calidad de vida de los habitantes, la actividad económica del turismo y generan insostenibilidad en el territorio.
“La Procuraduría General de la Nación seguirá trabajando para efectos de poder hacer intervenciones judiciales que correspondan, ejercer las competencias para lograr que la ciudad de Santa Marta pueda gozar de unos servicios públicos que dignifique su diario vivir”, puntualizó.
Así mismo, hizo énfasis en que, desde el 2017, la entidad viene adelantado gestiones preventivas, judiciales y disciplinarias en torno a ese tema, siendo una de las más relevantes la interpuesta el 2 de febrero de ese mismo año en contra de Metroagua, encargada en aquel entonces del acueducto y alcantarillado en la ciudad, cuando se reportó una emergencia en la Bahía de Santa Marta que provocó el rebosamiento de las redes de alcantarilla.
“Se impusieron compromiso que se reiteraron el 27 de septiembre de 2017 y viendo que no se habían cumplido por parte de los operadores ni del Distrito, que jamás queda relevado de su obligación constitucional de prestación de servicios públicos, indistintamente del modelo que utilice para ello”, aseguró. Así mismo, relató que se interpuso una acción popular y el 25 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena concedió medidas cautelares que incluían el cumplimiento de las actuaciones preventivas establecidas en febrero de 2017.
Estas medidas estaban destinadas a que se adquiriera una bomba adicional para que la ciudad tuviese un buen plan de respaldo ante las emergencias ocurridas por fallas en la planta.
“Este año pudo constatarse que la capacidad instalada es inferior a la que tenía Metroagua, es decir, luego de cuatro años de haber sido impuestos los compromisos estamos con una capacidad menor y un incumplimiento tanto de los compromisos suscritos con la Procuraduría como las medidas cautelares, razón por la cual se solicitó audiencia de verificación de cumplimiento”, señaló, aclarando que, por el momento, se encuentran a la espera de conocer la fecha, la cual debe ser fijada por el Tribunal.
