Con la decisión de segunda instancia se revive el decreto que expidió el presidente Iván Duque, con el cual alcaldes y gobernadores pueden solicitar apoyo militar en momentos en que la protesta social altere el orden público.
El Consejo de Estado estudió una petición de la Agencia Jurídica del Estado que insistió en la permanencia del decreto bajo el argumento de que “no amenaza ni vulnera los derechos fundamentales” de los manifestantes.
“No se observa conducta concreta de la cual se pueda inferir la afectación de los derechos fundamentales deprecados”, se lee en uno de los apartes de la decisión.
El decreto había sido suspendido en medio del estudio de una tutela que presentaron varios ciudadanos de Cali, quienes consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares en las protestas ciudadanas estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada.
En ese momento, la Sección Cuarta sostuvo que la protesta social en si no pone en riesgo la soberanía nacional por lo cual no era necesaria la asistencia militar, “si bien en estos casos pueden presentarse hechos de violencia y que, para restablecer el orden, la Policía puede realizar, por ejemplo, detenciones preventivas, en los términos previstos en la ley”.
En ese momento, el Consejo de Estado tenía en sus manos informes sobre 15 muertes que fueron resultado de hechos de violencia registrados en las protestas, tres de las cuales resultaron atribuibles a la Fuerza Pública.
De acuerdo con información de organización no gubernamentales como Human Rights Watch, a junio del 2021, se recibieron 67 denuncias de muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales, la mayoría al parecer ocurrieron por disparos, arma blanca y detonaciones.
