La Procuraduría General de la Nación advirtió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- que las obras contratadas para mitigar el fenómeno de erosión en Salamina y El Piñón “no están avanzando lo suficiente y van a un ritmo exageradamente lento”.
En carta enviada a los directores de la UNGRD, Eduardo González; Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado; Corpamag, Carlos Díaz Granados; al gobernador Carlos Caicedo, y a los alcaldes de Salamina, Jorge Orozco, y de El Piñón, Jhair Caballero, el ministerio público expuso su preocupación por el riesgo de inundación.
El ente de control realizó diversas visitas al lugar para verificar el avance de las obras contratadas por la unidad, y señaló un posible uso inadecuado del material para la construcción del jarillón de protección.
“La parte técnica de la Procuraduría presenta en este documento un alto grado de preocupación y un llamado de atención, ya que los incrementos de los niveles del río siguen ascendiendo y en varios sectores visitados, la orilla se encuentra a una distancia de 20 y 30 centímetros de ocasionarse el desbordamiento del río”, indica el informe.
Advirtió que durante la visita realizada el pasado 28 de septiembre, toda la maquinaria de la obra se encontraba parqueada, pese a la urgencia para adelantar las obras.
Además, tampoco se registró la presencia de funcionarios técnicos de la firma constructora y de interventoría que informara sobre los adelantos de los trabajos de construcción.
De igual forma, el ministerio público evidenció que el jarillón “no se está construyendo con las recomendaciones y diseños que se han planteado en las diferentes reuniones con Cormagdalena, ya que los taludes carecen de la protección lateral recomendada con los big bags, que se habían sugerido”.
La Procuraduría instó a una mayor agilidad, eficiencia y diseño en las obras de la UNGRD, que permitan proteger la vida y los bienes de los habitantes de Salamina frente a un eventual desbordamiento del río Magdalena.
Así mismo, les requirió para que envíe los diseños que soporten la inversión de los $31.000 millones que van a recibir para la atención de este fenómeno.
Finalmente, informó que se compulsarán copias del documento a la Contraloría y a la Fiscalía y se rendirá informes con fines disciplinarios para que determinen la existencia de posibles responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias frente al manejo de los cuantiosos recursos invertidos en estas obras, y que no se estarían viendo reflejados en el avance de las mismas.
