El Ministro del Interior, el Gobernador Caicedo y el Consejo Territorial de Cabildos son generadores de la crisis humanitaria de pueblos indígenas

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• Margarita Villafaña, autoridad del Pueblo Arhuaco insistió en que el Presidente Iván Duque no puede permanecer indiferente ante la gravedad de la crisis y propone 6 pasos para la solución de la crisis humanitaria y el conflicto interétnico.

• En Palmor, autoridades Kogui de la Asociación que dirige el Gobernador Atanasio Moscote, harán entrega a la Fiscalía, a la Defensoría y a la Directora de Asuntos Indígenas de las personas capturadas en flagrancia mientras torturaban y golpeaban a miembros de las comunidades

Atanacio Moscote, Gobernador del pueblo Kogui del Magdalena y representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Munkuanawinmaku, dijo que la actual situación había superado al Ministerio del Interior, porque hacía parte de las causas del problema, y por tanto hacía un llamado urgente a los representantes de las Naciones Unidas, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que establezcan mecanismos transparentes y garantistas para lograr dos resultados:

Primero,  activar una ruta de atención humanitaria y restablecimiento de derechos del pueblo Kogui Wiwa y Arhuaco y establecer medidas de protección permanente para estas comunidades

Y, segundo, acordar intervenciones estructurales a las causas de la crisis humanitaria de los pueblos indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“La crisis humanitaria que afecta a los pueblos Kogui, Wiwa y Arhuaco se origina en la manguala que armó el Ministro del Interior, Daniel Palacio, con el ConsejoTerritorial de Cabildos-CTC, con la participación del Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, la concejala de Bogotá, Ati Quigua y los directores de Parques Nacionales de Colombia”, afirmó Margarita Villafaña, una de las autoridades del Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira.

“Resulta vergonzoso que un ministro de Estado como Daniel Palacio, que además es de Valledupar, promueva componendas con líderes indígenas del Consejo Territorial de Cabildos-CTC alrededor de impulsar consultas previas irregulares para proyectos de turismo del Parque Tayrona, de minería e infraestructura, incluida la construcción del Embalse de los Besotes, con inversiones proyectadas de 150 millones de dólares”, dijo Villafaña.

“A estos personajes, con tal de sacar adelante sus proyectos económicos o sus agendas politiqueras, no les importa generar caos, división y conflictos que terminan en actuaciones casi criminales y que ponen en riesgo la vida de las comunidades. A estos personajes no les importa destruir la Sierra Nevada ni extinguir a la cultura ni a sus pueblos.

Resulta ademas increíble que, por compartir estos oscuros intereses, terminen en un extraño hermanamiento el Ministro Palacio, Ati Quigua, Carlos Caicedo, el Cabildo Arhuaco, Zarwawiko Torres, el Gobernador Kogui de La Guajira, Arregocés Conchacala y el Cabildo Kankuamo, Jaime Luis Arias Ramírez,”, afirmaron otras autoridades consultadas.

El conflicto ha ido escalando hasta volverse cada vez más violento e involucrando ya a la todalidad de las comunidades en todo el territorio.

Margarita Villafaña, autoridad del Pueblo Arhuaco, dijo que para encontrar una solución estructural de la crisis humanitaria y de los conflictos interétnicos en la Sierra Nevada deben cumplirse varios pasos:

1. Que la delegación en Colombia de las Naciones Unidas o un organismo de Derechos Humanos actúe como garante. Actualmente, la descarada injerencia política y sus marcados intereses en la promoción de proyectos por parte del Ministro Daniel Palacio ha desnaturalizado las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos.

2. Que el Ministro Palacio, el Director de PNNC y el Gobernador Caicedo cesen su presión para imponer a sus aliados del Consejo Territorial de Cabildos, CTC como los representantes de los Pueblos Arhuaco, Kogui y Wiwa del Magdalena. Y en consecuencia, se reconozcan a sus representantes legales y autoridades legítimamente elegidas por sus respectivas comunidades para la interlocución con el Estado y con terceros y para todas las acciones legales pertinentes.

3. Que el Gobierno Nacional instale una Comisión Interinstitucional para revisar de forma pública y transparente los proyectos de turismo o de infraestructura o de otra naturaleza que se tengan previsto, de tal manera que su debate público, de cara al país, no se preste para presiones indebidas o para el ofeecimiento de dádivas, y en todos los casos se cumplan en el contexyo de la protección y conservación de la Sierra Nevada y de la cultura de sus pueblos.

4. Que el Ministerio del Interior respete la autonomía y la autodeterminación del Pueblo Arhuaco para la resolución de sus conflictos internos. Que no tenga injerencia en la decisión de sus comunidades para mantener, como ocurre desde hace años, un Gobernador y representante legal para el Resguardo de la Sierra, en el Cesar, uno para el Resguardo de Businchama y uno para el Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira, según la jurisdicción que sus comunidades decidan.

5. Que se active una ruta de protección y de garantías humanitarias para la Asamblea de Mamos y de Autoridades Mayores que sesionan de forma permanente en Nabusímake desde el 5 de febrero bajo la orientación de la Kankurwa de Seykúmake y otras Kankurwas mayores para solucionar de forma autónoma el conflicto interno del pueblo Arhuaco.

6. Que el Ministerio del Interior deje plenamente establecido y reconocido para la Gobernación del Magdalena, alcaldías y PNNC la existencia en el Magdalena de los representantes legales que sus comunidades han elegido para los Pueblos Arhuacos, Kogui y Wiwa, así como el hecho legítimo y legal de que el Resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco no tiene un solo gobernador y representante legal como persiste en autoproclamarse Arregocés Conchacala, sino tres, uno para cada pueblo que lo integra.

El pasado sábado, 25 de septiembre, 120 personas, miembros de la comunidad Kogui de La Guajira, se movilizaron en ocho copetranas, liderados, por Diamako Escribano y Jose Maria Conchacala (hijo del Gobernador Kogui de la Guajira Arregoces Conchacala), irrumpieron de manera violenta en las comunidades Kogui asentadas en el corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga, y según distintas versiones que deben ser objeto de investigación, procedieron a privar de la libertad, amarrar, torturar y golpear salvajemente a miembros de esa comunidad para obligarlos a dar declaraciones en contra de su organización y de sus autoridades con la intención de generar evidencias para el posterior reconocimiento del Ministerio del Interior, PNNC,  la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.

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