Carlos Caicedo, bajo la lupa de la Procuraduría

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En un documento de cuatro páginas, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y ordenó la práctica de pruebas para determinar el motivo por el cual no informó sobre sus salidas del país durante 2021.

Durante los próximos 10 días, la Gobernación de Magdalena debe enviar a la Procuraduría General un reporte sobre los actos administrativos en los que se le ha concedido licencias, vacaciones e incapacidades a Carlos Caicedo, quien funge como mandatario departamental. La solicitud que reposa en un documento de cuatro páginas firmado por la procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez, es una de las nueve pruebas que decretó el Ministerio Público una vez abrió investigación disciplinaria en contra de Caicedo por omitir rendir un reporte sobre sus últimas salidas del país.

Entre otras pruebas que decretó el ente de control se encuentra la certificación que debe remitir la Gobernación sobre los permisos que solicitó el gobernador para salir del país durante 2021, y en caso de existir dicho documento, informar si se tramitó una autorización formal ante alguna entidad. De no haberse informado, entregar las razones por las cuales no cumplió con ese trámite. Además, deben revelar un informe con el que pongan de presente el motivo por el cual se originó la salida del país durante los últimos meses. Por último, deben remitir una certificación que conste los eventos en los cuales los alcaldes y gobernadores deben informar sobre sus salidas a territorio extranjero.

El caso de Caicedo se mueve ahora en el ala disciplinaria luego de que el jefe departamental, el pasado 25 de agosto, decidiera abandonar el país por cuenta de un supuesto plan del Clan del Golfo para acabar con su vida. El gobernador llevó su proceso a instancias internacionales. Le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares, y en atención a su solicitud, durante los primeros días de septiembre el órgano le solicitó al Estado colombiano remitir información sobre el proceso de protección que se ha adelantado una vez se conocieron de los hostigamientos en su contra.

En el informe que debió remitir el Estado a la CIDH, durante los primeros días del mes, se encuentran datos sobre cómo está integrado el esquema de seguridad y si resulta idóneo para suplir las necesidades de seguridad que Caicedo demanda. Entre otras cosas, también debieron informar sobre las investigaciones que hasta la fecha se han adelantado por las amenazas en su contra. Lo que es posible que repose en el documento es lo que mencionó el director de la Policía, general Jorge Vargas, quien días atrás aseguró que el gobernador es el mandatario regional con uno de los esquemas de seguridad más robustos del país.
Sobre las investigaciones, debieron remitir la información que reposa en el escritorio de general Fernando Murillo, director de la Dijin, quien es el encargo de seguirle los pasos a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, organización de donde denunciaron provinieron las amenazas en su contra, y quienes a través de un documento negaron todo vínculo con tales hostigamientos. “Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen los políticos en evidencia por su pésima gestión. Convendría al señor Caicedo dedicarse a gobernar para lograr una mejor vida de los habitantes de este hermoso departamento de Colombia, porque para ello lo eligieron quienes creyeron en su propuesta”, quedó en evidencia en un documento que trinó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter.
Pese a que el grupo al margen de la ley negó rotundamente las supuestas amenazas y el plan de acabar con la vida de Caicedo, el grupo de abogados y miembros de su administración elevaron todo tipo de denuncias una vez el mandatario abandonó el país. En ese entonces, La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y el secretario de Interior del Magdalena, José Humberto Torres, dejaron al descubierto de la Fiscalía las amenazas. Asimismo, Torres se trasladó a Bogotá para reunirse con los directores de la Unidad Nacional de Protección, de la Policía y con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Cabe mencionar que Caicedo no solo ha estado en la palestra pública por cuenta de las amenazas en su contra. Durante diciembre pasado, la Fiscalía lo vinculó en una investigación en la que reposan los nombres de Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar alias Jorge 40, confesos paramilitares, que han purgado varias condenas por hechos cometidos mientras hicieron parte del grupo al margen de la ley.

Sobre el gobernador, el ente acusador ha dicho que tiene una posible responsabilidad en las muertes del estudiante de la Universidad del Magdalena Hugo Maduro en el año 2000; del vicerrector Julio Otero, en 2001; y del decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002. Los tres, así como otros estudiantes y funcionarios del plantel que resultaron muertos, al parecer eran críticos de la gestión de Caicedo.

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