Durante los próximos 10 días, la Gobernación de Magdalena debe enviar a la Procuraduría General un reporte sobre los actos administrativos en los que se le ha concedido licencias, vacaciones e incapacidades a Carlos Caicedo, quien funge como mandatario departamental. La solicitud que reposa en un documento de cuatro páginas firmado por la procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez, es una de las nueve pruebas que decretó el Ministerio Público una vez abrió investigación disciplinaria en contra de Caicedo por omitir rendir un reporte sobre sus últimas salidas del país.
Entre otras pruebas que decretó el ente de control se encuentra la certificación que debe remitir la Gobernación sobre los permisos que solicitó el gobernador para salir del país durante 2021, y en caso de existir dicho documento, informar si se tramitó una autorización formal ante alguna entidad. De no haberse informado, entregar las razones por las cuales no cumplió con ese trámite. Además, deben revelar un informe con el que pongan de presente el motivo por el cual se originó la salida del país durante los últimos meses. Por último, deben remitir una certificación que conste los eventos en los cuales los alcaldes y gobernadores deben informar sobre sus salidas a territorio extranjero.
El caso de Caicedo se mueve ahora en el ala disciplinaria luego de que el jefe departamental, el pasado 25 de agosto, decidiera abandonar el país por cuenta de un supuesto plan del Clan del Golfo para acabar con su vida. El gobernador llevó su proceso a instancias internacionales. Le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares, y en atención a su solicitud, durante los primeros días de septiembre el órgano le solicitó al Estado colombiano remitir información sobre el proceso de protección que se ha adelantado una vez se conocieron de los hostigamientos en su contra.
Cabe mencionar que Caicedo no solo ha estado en la palestra pública por cuenta de las amenazas en su contra. Durante diciembre pasado, la Fiscalía lo vinculó en una investigación en la que reposan los nombres de Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar alias Jorge 40, confesos paramilitares, que han purgado varias condenas por hechos cometidos mientras hicieron parte del grupo al margen de la ley.
Sobre el gobernador, el ente acusador ha dicho que tiene una posible responsabilidad en las muertes del estudiante de la Universidad del Magdalena Hugo Maduro en el año 2000; del vicerrector Julio Otero, en 2001; y del decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002. Los tres, así como otros estudiantes y funcionarios del plantel que resultaron muertos, al parecer eran críticos de la gestión de Caicedo.
