Después de una visita del defensor de pueblo, Carlos Camargo, a la cárcel el Bosque de Barranquilla para verificar el estado de los reclusos y las instalaciones del centro de detención, este denunció que no lo dejaron tomar fotografías para sustentar las evidencias.
De acuerdo con un informe emitido por la entidad, el personal encargado de verificar la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Colombia, evidenciaron que varios de los profesionales de la salud que laboran en los centros de reclusión, no tienen oportuno pago por su labores, especificando que de 33 establecimientos penitenciarios visitados, el 45% reportó demoras en salarios.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que durante una visita a la cárcel El Bosque de Barranquilla no le fue permitido el ingreso de cámaras para tomar evidencias de la situación general de derechos humanos de los reclusos y de manera particular de su situación de salud.
Ante ellos, el funcionario aprovechó para hacer un llamado a la Fiduciaria Central, al Fondo Nacional de Salud de la Población Privada de la Libertad y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), entidades encargadas de la prestación del servicio de salud en los centros carcelarios del país, para que de manera urgente solucionen los problemas de contratación del personal encargado de la atención para que no se vulnere el derecho a la salud de las personas que están privadas de la libertad.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo informó de la difícil situación que se vive en el centro de reclusión de la capital del atlántico, por el cese de actividades y la falta de pago a los profesionales de la salud, lo cual se repite en la mayor parte de los centros de reclusión del país, lo cual se ha venido agudizando en las últimas semanas.
“El acceso a la salud es requisito imprescindible, por lo cual es inadmisible que se interrumpa la atención médica por razones presupuestales o administrativas, pues esto vulnera los derechos fundamentales de los 1.743 privados de la libertad en la cárcel El Bosque y La Modelo de la capital del departamentos el Atlántico, al igual que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Salamina (Caldas) y Apartadó (Antioquia), donde no se han contratado los servicios médicos”, detalló el defensor Carlos Camargo.
Asimismo, Camargo manifestó: “hicimos un análisis en 33 establecimientos penitenciarios del orden nacional en los que se pudo constatar que por lo menos en el 45% se reportan demoras o faltas de pago de los honorarios de los profesionales de la salud, desde el primero de julio cuando el servicio quedó en manos de la Fiduciaria Central”.
Además, dicho informe permite constatar que sólo en el 24% de los centros penitenciarios analizados, se presta el servicio de salud de manera continua los 7 días de la semana, las 24 horas. En el 45% se presta el servicio 8 horas al día; 18% presta el servicio 4 horas al día y el 12% de los centros de reclusión reportados no están prestando el servicio de medicina general por falta de contratación y pago de honorarios.
En su visita a Barranquilla, Carlos Camargo también se refirió al retraso en las obras de infraestructura de varios establecimientos penitenciarios, cuyos nuevos pabellones deberían estar listos para operar al finalizar este año, pero cuyo avance llega al rededor del 60% para el caso de Santa Marta y Barranquilla.
Por otro lado, también pudo constatar que a agosto de este año las obras civiles de infraestructura modular en el centro de reclusión de Ternera en Cartagena reporta un avance del 34 %, aun cuando la fecha de terminación está prevista para el 25 de noviembre de este año. En Itaguí la situación es similar pues el avance es del 37% y la fecha de terminación está contemplada para febrero de 2022.
“Reitero mi llamado a la Uspec para acelerar la ejecución de las cuatro obras modulares que se adelantan en los centros de reclusión de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Itagüí. Esto resulta fundamental para lograr el traslado de personas privadas de la libertad y disminuir la presión sobre los centros de detención transitoria, sobre las estaciones de Policía y sobre la URI, que actualmente enfrentan graves problemas de hacinamiento”, finalizó Carmago.
Por su parte, la USPEC informó que se está construyendo un total de 7.364 cupos carcelarios, para disminuir el hacinamiento en los Establecimientos Penitenciarios del país y garantizar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.
Actualmente, para el Centro Penitenciario de Sabanas de San Ángel en Magdalena se tienen proyectados 3.000 cupos carcelarios. Al igual, se adelanta el proyecto El Pílamo de en Pereira donde se construirán inicialmente 900 cupos carcelarios. En Riohacha, La Guajira, una de las zonas con mayor hacinamiento, se está construyendo un establecimiento especial enfocado en la comunidad étnica y pabellones de mujeres con 1.500 cupos carcelarios.
De igual manera, en el Centro Carcelario de Bellavista de Medellín se está construyendo un pabellón con 410 cupos, que esperan ser entregados a finales de este año y, un segundo pabellón con 510 cupos que se entregará en diciembre de 2022. En Itagüí se están construyendo 3 pabellones de 170 cupos carcelarios cada uno, para un total de 510 cupos.
