La decisión se tomó por petición de la Procuraduría General.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medidas cautelares en el marco del cuestionado contrato de Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación.
El caso llegó al Tribunal por petición de la Procuraduría General que presentó una acción popular para que se devuelvan los más de 70 mil millones de pesos de anticipo del contrato que llevó a la renuncia de la ministra Karen Abudiden.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, indicó que, ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial.
En la acción popular, el órgano de control solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.
La Procuraduría también solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.
Las órdenes del Tribunal
En su decisión los magistrados del Tribunal ordenaron que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios, sean naturales o jurídicas, que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y “poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado
o de terceros”.
Además de ordenó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, etc. que tengan Centros Poblados, los socios de los miembros y miembros que la integran la Fundación de Telecomuniaciones, Icm Ingenisros, Intec de la Costa y Omega Bulding. El monto del embargo, será por el valor del anticipo pagado a la Unión.
Igualmente de determinó como medida cautelar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos
firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar,
etc. que tengan esas mismas empresas. Esa medida se extenderá a los derechos fiduciarios y encargos fiduciarios que llegaren a tener esas firmas.
El Tribunal ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAf) que realice el rastreo de las cuentas que recibieron recursos del anticipo entregado a Centros Poblados, a la Cancillería y la Fiscalía que realicen la búsqueda de
personas naturales o jurídicas en el exterior “vinculadas con los
supuestos hechos dañosos e irregularidades referidos en el escrito de
demanda”. Esto para que se realicen las actuaciones pertinentes para conseguir medidas cautelares sobre sus bienes en el extranjero.
Además que Migración Colombia entregue la información de sus movimientos migratorios.
A BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, se le ordenó que de no haber transferido los recursos públicos restantes del anticipo o sus rendimientos, que no lo haga.
Y a las demás entidades del Estado se ordenó la suspensión de todo contrato, convenio o cualquier tipo de modalidad contractual en las firmas cuestionadas.
