El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó en Valencia (Córdoba) avances del informe sobre el cumplimiento a la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc.
Carlos Camargo resaltó que el trabajo de verificación adelantado por la Defensoría del Pueblo, con corte al 30 de agosto, permitió visibilizar avances significativos que señalan la voluntad del Gobierno Nacional en cumplir los compromisos, incluso, más allá de lo que hasta ahora se había hecho.
“Esto permite apreciar un esfuerzo en la planificación a largo plazo y la decisión de ampliar las garantías a los reincorporados, las cuales no estaban previstas en el Acuerdo Final”, agregó el Defensor del Pueblo.
Ahora bien, en la implementación también se han presentado dificultades, las cuales han sido atendidas para enderezar las políticas que desde el inicio del acuerdo arrancaron con una indebida planeación.
En relación con la velocidad a la que se ha venido avanzando en la implementación de los acuerdos, el Defensor destacó que se trata de un proceso de 15 años, en los cuales el ritmo de los últimos tres años ha sido mayor que el registrado en los primeros 20 meses.
“Es significativo lo implementado y, teniendo el marco temporal a 15 años, se espera que los compromisos en ese lapso vayan teniendo resultados conforme a la adecuada planeación que hoy se está efectuando”, agregó Carlos Camargo.
En el informe también se destaca el avance durante 2021 en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la inversión hasta la fecha de $1,4 billones para cumplir a quienes se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la implementación de proyectos productivos sostenibles en el marco de la reparación a las víctimas y la creación de programas alternativos. Además, la implementación de los planes regionales de desarrollo rural integral, si bien en construcción, avizoran resultados regionales de enorme trascendencia para el país.
Carlos Camargo resaltó la participación de las comunidades en la implementación y seguimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, contemplados en los acuerdos, y manifestó que ese derecho a la participación debe continuar y ser reforzado.
“Sobre el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva ambiental hacemos un llamado a la pronta expedición del Plan de Zonificación Ambiental, como insumo necesario para diseñar una estrategia integral, que ejecute políticas, planes, programas y reglamentos en atención a los compromisos en materia de cierre de la frontera agrícola y protección de las Zonas de Reserva Ambiental”, dijo el Defensor.
El Defensor del Pueblo manifestó que “el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos es el vehículo para lograr la solución integral al problema de los cultivos de uso ilícito y va más allá de la sola preocupación por la supresión de las plantaciones ilegales, debe aspirar a la transformación estructural de los territorios afectados por este flagelo y la población vulnerable debe tener protección constitucional”.
Finalmente, hizo un llamado sobre la necesidad de implementar la especialidad agraria, cuya iniciativa gubernamental se vio frustrada durante la anterior legislatura del Congreso de la República.
