El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó el ‘Protocolo Defensorial para el Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)’, en el que se realizan precisiones normativas y conceptuales respecto del funcionamiento, competencias y responsabilidades de quienes integran el Sistema.
“Nos preocupan las difíciles condiciones en las que se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley penal, principalmente aquellos privados de la libertad en los Centros Transitorios (CETA), en los Centros de Atención Especializada (CAE) y en los Centros de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), en diferentes ciudades del país”, manifestó el Defensor del Pueblo ante las entidades que integran el Sistema.
A julio de 2021, 7.754 adolescentes y jóvenes incurrieron en la comisión de un delito y se encuentran vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En modalidad privativa de la libertad el 90% de jóvenes son hombres y el 10% son mujeres. Las conductas de mayor ingreso son tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales, y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El Defensor manifestó que “es importante que dentro del SRPA se observe al adolescente como un sujeto de derechos, garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, de tal forma que las medidas adelantadas tengan el carácter pedagógico que exige el Código para la Infancia y la Adolescencia, la función protectora, educativa y restaurativa. Los jóvenes pueden y deben apoyar la construcción de país como agentes de cambio social en sus comunidades”.
El protocolo es una herramienta que facilita la evaluación de las garantías de derechos del sistema a nivel, nacional, departamental y municipal. Así mismo, busca evaluar el carácter pedagógico del proceso y principios de justicia restaurativa en los centros.
A la presentación del protocolo asistieron el Magistrado Aroldo Quiroz, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Margarita Bonilla, encargada del Sistema de Responsabilidad Penal de la Fiscalía General de la Nación; Viviana Mora, Procuradora Delegada de Infancia, Dr. Max Flores, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; Liliana Pulido, Subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Coronel Quolian Novoa representante de la Policía Nacional; y Coronel Wolfran Arvelaez, representante de la DIJIN.
