El alto tribunal ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización de protección de los derechos de los manifestantes en medio de las manifestaciones.
El Consejo de Estado ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como las marchas, la libre reunión y la libertad de expresión.
La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril del 2021, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.
La orden, que fue impartida a la Policía, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanzacohetes Venon. Esto, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta.
El tribunal recalcó que los uniformados deben actuar más como agentes de paz y garantizar el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.
“Hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes. Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa”, señaló el Consejo de Estado.
En el fallo, también se conmina al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”. Esto, sin perder de vista los posibles delitos que hayan dado lugar a la afectación de bienes privados, públicos e integridad de los agentes de la fuerza pública durante las protestas.
El Consejo de Estado invitó a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos a la protesta pacífica y libre reunión sin alterar el orden público y denunciando a quienes desconozcan estos y otros límites, abusando de las garantías constitucionales que vienen siendo protegidas en este caso.
Por otra parte, solicitó que se ordenara al jefe de Gobierno emitir directrices para que el Ministerio Público acompañe y asesore a las víctimas y a sus familiares, adelantando los controles de rigor frente a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en torno a las manifestaciones ciudadanas. También pidió que se le ordenara al presidente asegurar que los comandantes de cada fuerza se vieran en obligación de dejar constancia escrita del armamento asignado a cada uno de los integrantes de cada organismo asignados a los operativos, patrullaje y acciones de recuperación del orden público. Finalmente, requirió que el jefe del Ejecutivo prohíba vuelos bajos de helicópteros, uso de gases lacrimógenos, cohetes, bengalas y bombas aturdidoras.
