Centros Poblados demandará al MinTIC y seguirá con la tutela

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La intención es tumbar la caducidad del contrato con el Mintic, por 1,07 billones de pesos.

Luis Fernando Duque, el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 entregó detalles sobre la ejecución del contrato y proyecto Centros Digitales Del Ministerio de tecnologías de la Información y las comunicaciones MinTIC.

El polémico contrato se había firmado por 1,07 billones de pesos para dar conexión a internet a más de 7.000 colegios en zonas rurales de 15 departamentos del país, pero se encontró que la Unión Temporal Centros Poblados presentó garantías falsas en el trámite y se declaró la caducidad del contrato.

El MinTIC entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos a la Unión Temporal, que ha afirmado que ese dinero no está perdido, sino que está invertido en equipos.
Ayer, el juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia (Atlántico) resolvió rechazar la acción de tutela interpuesta por la Unión Temporal Centros Poblados.

El viernes pasado, el Ministerio ordenó, mediante el auto 644, el embargo por más de 70.000 millones de pesos sobre las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes.

Este martes, además, se supo que el contrato fue reasignado a ETB y será para 16 departamentos.

Duque señaló las características técnicas que deben tener los centros digitales al interior y al exterior del centro educativo en las zonas más apartadas del país. Es decir una cobertura de 7.800 metros cuadrados con un dispositivo que garantizara la cobertura radial de 50 metros.

“Hay un listado de elementos que corresponde a un diseño para cumplir con lo estipulado, hicimos lo que pudimos, llegamos a las metas. Hoy hay 1.002 centros poblados instalados en Colombia. Estamos para explicar lo que se ha hecho y cómo se hizo, todos hablan de un anticipo, las condiciones del contrato para acceder a los recursos eran dos y se cumplieron: que el contrato estuviera perfeccionado y que existiera un plan de inversión del anticipo”, explicó.

Además la intención es insistir en impulsar una acción de tutela por la supuesta violación al debido proceso y a la defensa.

“El ministerio una vez culminó la actuación administrativa sancionatoria tomó la decisión de decretar la caducidad del contrato que es la sanción más drástica en materia contractual y se aplica por incumplimientos graves. La Unión controvirtió varios aspectos, pero esto tiene unas consecuencias como que no solo el contrato termina sino que el contratista queda inhabilitado para celebrar contratos con entidades del Estado por cinco años”, añadió Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal.

Sobre la aparición de dos garantías calificadas de falsas por el Banco Itaú, Duque insistió en que les encomendó a terceros su consecución y que ellos son terceros de buena fe: Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, y un señor que se llama Jorge Molina.
Además Pino añadió que será el Juez y no el banco el que deberá definir si las garantías son o no falsas.

“Con anterioridad el ministerio dejo en claro que iba a decretar la caducidad del contrato, incluso se preció de hacerlo en tiempo record y el contratista tiene derecho de defensa, así que es absolutamente inexplicable que el MinTIC haya actuado de esa manera, porque todo lo hizo mal una vez se presentó la controversia con la garantía”, apuntó Pino.

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