Por Jorge Noguera Bolaños
Es violencia y no se puede mirar de otra forma el actuar del actual mandatario de los Magdalenenses cuando incita y saca de sus lugares de residencia a los samarios y magdalenenses para exigir un derecho mal pedido por su parte ante la Asamblea Departamental del Magdalena, como ha sucedido con los organismos de control del Estado en anteriores ocasiones cuando han sido objeto de investigaciones de todo tipo, amparado en un “Estado de Opinión”.
Frente a ese diseño constitucional que propone llevar a cabo el mandatario en el Departamento del Magdalena, que no es otro sino, crear un Estado de Opinión en este Departamento, Estado de Opinión como su nombre lo indica, un modelo que apela a la opinión del pueblo, es decir, al querer de las mayorías, queriendo dejar sin valor las decisiones tomadas en derecho amparado por la ley y la Constitución. Si lo miramos desde una perspectiva fría pareciera ser un modelo eminentemente democrático y en su esencia muy de acuerdo con un país que toma sus decisiones en tal sentido; no entendiendo que ésta democracia está representada en el poder de la ley, en el que un grupo pequeño la redacta en representación de la gran mayoría.
El Estado de Opinión que quiere implementar el mandatario se convierte en uso de la violencia desde el poder y de seguro va a atraer un sinnúmero de problemas a parte de los que hoy convivimos en este departamento falto de educación, en donde según datos tomados del ICFES, la calidad de la educación en Santa Marta y el Magdalena en el año 2019, sigue siendo muy pobre, el Magdalena ocupó el puesto 28 entre 32 departamentos y Santa Marta el puesto 25 entre 32 ciudades capitales, es decir, la calidad de educación en este departamento y las demás variables, se constituyen en un requisitos fundamental para que opere el Estado de opinión. En cuanto al nivel del desempleo según estadísticas del DANE, en el 2019 asciende a un 12.3 %; y de la economía en este departamento ni que decir, bastaría solamente preguntarnos como ha crecido en los últimos 10 años, cuantas empresas se han instalado en esta ciudad y en el resto de los municipio del departamento, o lo que es igual, cual ha sido la gestión de los mandatarios para atraer a los empresarios e inversionistas a esta ciudad, de hecho, ninguna gestión se hace por parte de esta clase de gobierno para que llegue inversión extranjera ni se instalen nuevas empresas en este departamento, no es conveniente a sus intereses personales ni políticos.
Y es que, a través de acciones manipuladoras y engañosas este gobierno demagogo se especializa para lograr su cometido, de hecho, es una maña que comparten casi todos. El alto porcentaje de popularidad depende de las pasiones desmedidas de las masas populares, entre menos razonen, piensen, reflexionen y les falte responsabilidad analítica y crítica, será mejor a los intereses de quienes les mienten. Y, no es, sino a través de las emociones como el miedo y el odio que estos gobernantes logran sus objetivos.
Cuando los filósofos entre ellos Voltaire, expusieron la democracia participativa. Postulaban el derecho de las gentes de opinar y actuar pero previa superación de los estorbos de la ignorancia y de la superchería mediante el desarrollo de una buena educación libre, laica y universal que hiciera de los ciudadanos personas morales verdaderamente libres, situación que dudo suceda en esta región del país.
Teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa este departamento, es fácil percibir que el grueso de la gente tomarían decisiones que en apariencia serían las mejores; pero que vista desde una óptica no política pero si académica esos proyectos aprobados por la fuerza generada de un Estado de Opinión, conllevarían por ejemplo a un posible endeudamiento fiscal, a una alza e incremento sustancial en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios; y en fin, a la larga traerían graves consecuencias para la ciudad y el Departamento del Magdalena o para hacerlo más popular, resultaría más grave el remedio que la enfermedad, razón por la cual esta forma de hacer aprobar los proyectos o acuerdos u ordenanzas deben hacerse en el marco del ordenamiento jurídico legal como su máxima expresión, y no al capricho de los mandatario de turno.
Por muy alejado que usted como ciudadano de a pie, empresario y más aún como actual protagonista de la vida política de esta región y del país, tarde o temprano este Estado de opinión que intenta implantar en este departamento el administrador de turno, tendrá efectos sobre su vida pública y privada, el hacerse el ciego y sordo ante la situación por la que se encuentra atravesando el Departamento del Magdalena y ante la ola de violencia emanada desde la mente del titular del poder, arrastrando a la gente desde sus viviendas para colocarlas en primera línea a replicar su mismo discurso y exigir un derechos mal solicitado lo vamos a lamentar en el futuro, pues es propio de las dictaduras a nivel mundial. Hoy somos indiferentes ante esta situación pero en el futuro no tendremos ni oportunidad de quejarnos. Esto tendrá sus serias consecuencias.
Hemos dejado solitarias a un par de mujeres valientes en la Corporación Asamblea Departamental del Magdalena, que su único propósito es defender el Estado Social de Derecho, para lo cual juraron al ser posesionadas, enfrentándose a la violencia gubernamental, colaborada con nuestro silencio, quizás por miedo de empresarios a sentir el vuelto de su proeza; o como se lee en el silencio de los políticos de turno: esperando “pescar en rio revuelto”, esperando que ellas hagan el desgaste político, social y de supervivencia poniendo en riesgo sus vida y las de sus familiares, teniendo que soportar por parte del clan del poder insultos, maltratos, amenazas y un sinnúmero de palabras soeces en redes sociales, para al final en época de campaña salir los políticos a ondear la bandera de la libertad aspirando a una posible candidatura a la alcaldía y gobernación.
Mientras en la Constitución de 1886 Colombia se reconocía como un Estado de Derecho, con cantidades de problemas sociales alto porcentaje de indigencia, exclusión, marginalidad y desprotección en las minorías afrodescendientes y lo que es más importante una escasa participación de la ciudadanía en los proyectos públicos, tuvo como consecuencia un cambio que conllevó a solicitar una nueva reforma Constitucional visionando un Estado Social de Derecho, abandonando lo que conocíamos como: “dejar hacer, dejar pasar” y llevándonos a la Constitución de 1991, donde avala una forma legal de intervención del pueblo en las decisiones tomadas por sus gobernantes y la solución de sus problemas sociales y económicos, mediante la participación política de los ciudadanos en temas de desarrollo democráticos como el referendo, la revocatoria de alcaldes y gobernadores, la tutela, acciones de grupo, etc.
No es bueno ni aconsejable empujar a una multitud como la de esta parte de la región del país, a exigir derechos basados solo en su forma de ver las cosas o en la opinión manipuladora de quien ostenta el poder, y más aun valiéndose de las sensibilidad de la gente quien de una u otra forma han decidido el rumbo político de esta región basados en emociones, sin sentarse a analizar de fondo sus decisiones y lo que podría convenirle a su región, esto aunado al poder que tienen los medios de comunicación, poder que influye directamente en la subjetividad de las personas, y donde la mayoría de estos medios de comunicación toman la noticia y los hechos convirtiéndolos en su columna de opinión, y esta sí que es una verdadera forma de mover las masas basados solamente en la opinión y no en el marco de la ley.
Los mandatarios han creído y se lo hacen creer a sus seguidores, que el haber consignado en las urnas una cierta cantidad de votos para ser elegidos, son los dueños del erario público, no que lo administran, sino hacen creer a los seguidores en un país falto de educación, con problemas de corrupción en todos los estamentos y todas las ramas del poder público, que los recursos que invierte salen de sus bolsillos y no del bolsillo de ellos mismos, los administrados, pensará el grupo de seguidores que no es una obligación ejercer su función como mandatario y velar por la calidad de vida de los ciudadanos, sino, que es un favor a la comunidad, por eso se rinden a sus pies, esta ignorancia es aprovechada por el poder.
Como diría Armando Guio Español, en un relato académico e investigativo de la Universidad de los Andes en la facultad de derecho: “El Estado de Opinión podrá ser una forma superior del Estado de derecho solo cuando la gente tenga completa educación y la consiguiente claridad para entender la magnitud de lo que está en juego y la responsabilidad que significa el ser libre para vivir en democracia. Mientras eso no ocurra, la invocación a un Estado de opinión no es más que una herramienta dirigida a posibilitar proyectos personalistas en beneficio de las minorías, avalados por la inconciencia de todos”.
Ya el plan está trazado, después de estas intimidaciones colocando en el ojo del huracán, dejando en la retina de los seguidores a los Diputados que ejercen sus funciones de control político, basados en amenazas simbólica, queriendo crear el miedo en cada uno de ellos para rendirse a sus pretensiones, de no acceder (ojala no pase como cuando se aprobó la Adición Presupuestal en el año de 2015 en el Concejo de la ciudad de Santa Marta, por parte de un Juez de la República), vendrán las tutelas amañadas.
