“En los centros penitenciarios existen deficiencias para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres y de sus hijos menores de 3 años que allí conviven. Tanto las mujeres gestantes como las madres que conviven con sus hijos en centros de reclusión, requieren una atención especial”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Durante la presentación del informe ‘Mujeres gestantes, madres y niños y niñas que viven con ellas en prisión’, en el que se describe la situación de derechos humanos de esta población en los establecimientos de reclusión, se advierten dificultades para el acceso a la salud, pues se realizan brigadas cada 3 o 6 meses, lo que no garantiza una adecuada y oportuna atención.
En el país, ocho centros de reclusión tienen a su cargo 25 mujeres gestantes y 48 madres que conviven con sus hijos menores de 3 años. Otras tres mujeres son madres lactantes y están en detención domiciliaria pues sus hijos tienen menos de seis meses.
El 64% de las mujeres gestantes, lactantes y no lactantes están entre los 18 y 27 años; el 60% son analfabetas; el 46,6% señaló sentir depresión; el 26% es adicta a sustancias psicoactivas y un 20% padece trastornos de bipolaridad.
“El informe de la Defensoría del Pueblo muestra que los centros penitenciarios no cuentan con un equipo psicosocial y de psiquiatría que cubra las necesidades básicas en salud mental de las mujeres gestantes y madres y no existen estrategias efectivas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas”, manifestó el Defensor del Pueblo.
En el informe también se evidencia que en los centros de reclusión predominan las rupturas en los vínculos familiares y sociales, que impiden la realización de procesos de reinserción social positivos. El 69% de las mujeres afirmó tener una relación cercana con sus mamás; pero no con otros familiares, a lo que se suma que los niños y niñas en prisión no tienen un vínculo estrecho con su familia nuclear y extensa.
A pesar de que el 57,1% de las mujeres dijo tener acceso a métodos anticonceptivos, se reporta un desconocimiento generalizado sobre el contenido de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención y acceso a métodos anticonceptivos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud, al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, al Inpec, la Uspec y el ICBF para: 1) diseñar estrategias para la atención al consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque diferencial, 2) rediseñar la estrategia de las brigadas de atención por pediatría que se realizan en los centros penitenciarios, 3) garantizar un adecuado estado de la salud mental de las mujeres gestantes, madres lactantes y madres no lactantes y 4) garantizar el cumplimiento de los requerimientos del desarrollo infantil en establecimientos de reclusión, entre otras.
