Dos semanas le tomó al fiscal Gabriel Jaimes tratar de convencer a la justicia de que el expresidente Álvaro Uribe es inocente por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía concluyó que sería imposible llevar a juicio a Uribe y pidió compulsar copias para investigar al senador Iván Cepeda.
Acaba de finalizar el tiempo extra que el fiscal Gabriel Jaimes le solicitó a la Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, para agrupar sus argumentos en una única conclusión sobre el expediente penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante dos semanas, en seis diligencias virtuales, la Fiscalía argumentó porqué, luego de sus avances investigativos, el exmandatario es inocente de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Al final, Jaimes aseguró que no tiene, ni tendrá, sustento para llevar a Uribe a juicio y, además, pidió compulsar copias para que se investigue al senador Iván Cepeda, víctima en el expediente.
Uribe está formalmente imputado porque presuntamente intentó, a través de terceros, torcer testigos a su favor en procesos asociados al paramilitarismo en Antioquia. Esa era la hipótesis de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó medida de aseguramiento contra Uribe en agosto del año pasado. Luego de que renunciara a su curul en el Senado, el expediente aterrizó en la justicia ordinaria, bajo la investigación del fiscal Jaimes. Tras diversos pleitos procesales, en los cuales Uribe quedó libre, pero imputado por dos delitos, la Fiscalía anunció que sería inocente y pidió audiencia para sustentar su posición.
Durante dos semanas Jaimes expuso al menos 50 testimonios, tras los cuales quedaría demostrado que la investigación no tiene futuro alguno. En la sesión de hoy, el fiscal delegado concluyó que, tras abarcar todas las pruebas testimoniales posibles, quienes fijaron su posición en contra de Uribe incurrieron en presuntas inconsistencias. Habla, en concreto, de Juan Guillermo Monsalve, hijo de un hacendado de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996. Monsalve ha sostenido que, allí, el expresidente fue clave en la creación del Bloque Metro de las Auc. Asimismo, ha dicho que abogados de Uribe, como Diego Cadena, lo buscaron para cambiar esa versión, ofreciéndole prebendas y una posible entrada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según Jaimes, la Fiscalía tenía dos caminos una vez se supo que Uribe estaba imputado: solicitar la preclusión o llevar a juicio al procesado, presentando un escrito de acusación. Para ello, el equipo judicial del fiscal aseguró haber tomado los testimonios pertinentes, con los cuales podría identificar si Uribe es inocente o si hay material suficiente para acusarlo. Sin embargo, aseguró que no puede llevar una hipótesis investigativa solida en juicio, dado que la mayoría de testigos coinciden en que Uribe es inocente y Monsalve y Deyanira Gómez, esposa del testigo, no ofrecen una versión consistente. Y, de una vez, prometió que no hay testimonio alguno que pueda controvertir esa posición.
De hecho, el fiscal Jaimes dio un revés a la teoría que venía manejando la Corte Suprema hasta el año pasado y, explicó, que en realidad el senador Iván Cepeda sería responsable de intentar torcer testigos, en contra de Álvaro Uribe. Según Jaimes, un manojo de exparamilitares testigos resultaron afectados por supuestas maniobras fraudulentas de Cepeda, víctima acreditada en el proceso. “La Fiscalía compulsa copias en contra del senador Iván Cepeda Castro ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a efectos de que se investigue la posible comisión de delitos”, explicó el fiscal Gabriel Jaimes.
La solicitud de compulsa de copias, según Jaimes, estaría respaldada en “los medios de conocimiento conocidos en esta audiencia, por los hechos que afectaron a Juan Carlos El Tuso Sierra, Máximo Cuesta, Giovanny Cadavid, Carlos Enrique Vélez, Elmo José Mármol, Fauner José Barahona, Eurídice Cortes y Jhon Jaime Cárdenas”. Todos ellos son piezas del rompecabezas de la investigación contra Uribe, pues en algún momento allegaron cartas y documentos a las autoridades para intentar inculpar a Uribe o acreditar su inocencia. Según Jaimes, con todos Cepeda intentó fortalecer sus denuncias.
Luego, el fiscal Jaimes dio a entender que Uribe, a través de Cadena y sus abogados, tuvo contacto con los testigos del caso para verificar versiones contra él y, así, defenderse de las acusaciones por posible apoyo al paramilitarismo. “Lo que advierte este fiscal delegado es que Álvaro Uribe Vélez, apremiado por los procesos judiciales en 2017 y 2018, resolvió canalizar las prodigas informaciones que le llegaban por diversas fuentes y asumirlas con un trabajo de verificación e investigación. Y así, en ejercicio de sus derechos, respaldar su defensa en los estrados judiciales”, dijo el fiscal.
Según explicó Jaimes, tras contrastar las versiones expuestas en la audiencia de preclusión, Uribe Vélez habría dado instrucciones de legalidad a Cadena, sin embargo, eso no fue suficiente para “superar los riesgos del contacto directo con la delincuencia”. Jaimes aseguró que los exparamilitares y Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro de Los Rastrojos, eran maleables ante ofrecimientos pues buscaban beneficios que les permitiera reducir sus penas y, de tal forma, huir de las condiciones humanas que sufren en las cárceles.
“Hemos de señalar como corolario de lo hasta aquí explicado, que este fiscal estima que no ha encontrado los medios de conocimiento necesarios para cumplir las exigencias de prueba, lo que implica la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. Haciendo una proyección a futuro de la eventualidad de un juicio, teniendo como base todo lo hasta aquí argumentado, sin que exista nuevos elementos por acopiar, no sería posible en juico demostrar la materialidad de las conductas punibles investigadas, ni la responsabilidad penal del procesado, debiéndose entonces, inevitablemente, acudir a la preclusión de la investigación”, concluyó.
El exfiscal general Eduardo Montealegre, víctima en el proceso, aseguró que no hay motivos para investigar a Cepeda: “La Fiscalía, como lo ha hecho en muchas oportunidades, está convirtiendo en este caso a las víctimas en victimarios. Es un acto contrario a la ley, un abuso de autoridad, porque la Fiscalía no ha compulsado las copias correspondientes contra otros testigos que incurrieron en falsedad. El senador Cepeda es un hombre íntegro, un hombre a quien el país le debe un gran aplauso, por todas sus contribuciones en la lucha contra el paramilitarismo”. Anunció que intentará desvirtuar la tesis de la Fiscalía, cuando reinicie la audiencia de preclusión con la intervención de representantes de víctimas. Se programaron sesiones para octubre.
