Por su lado, el Gobierno radicará una iniciativa para el mismo fin pero con pocos cambios estructurales, señalaron los congresistas de oposición.
Bancadas y sectores políticos calientan motores para dar su última batalla en el Capitolio. Este 20 de julio se activa, justamente, la legislatura que dará fin al período de cuatro años del Congreso actual, un año que estará permeado por las elecciones de 2022. Este martes, en la instalación del legislativo, un grupo de parlamentarios de la oposición radicará un paquete de tres proyectos para reformar, de fondo, la Policía Nacional, una institución que ha estado en el centro de la discusión nacional e internacional, por el uso excesivo de su fuerza contra manifestantes.
Los abanderados de una reforma estructural a la Policía son los senadores Iván Cepeda, Alexander López (ambos del Polo), Antonio Sanguino (Alianza Verde), y de la representante María José Pizarro (Decentes). Los cuatro impulsarán los siguientes proyectos: uno que propone fortalecer el carácter civil de la Policía. Esta propuesta busca modificar la ley 62 de 1993 y la ley 1801 de 2016 (código de Policía), para que la institución pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y que los uniformados actúen atendiendo una doctrina que proteja los derechos de las personas.
Entre otras cosas, el proyecto adiciona como faltas gravísimas la manipulación de armas de fuego durante manifestaciones públicas, realizar un traslado por protección o registro violando el protocolo establecido por la ley, y crearía una auditoría policial adscrita a la Defensoría del Pueblo. Este proyecto implicaría una reforma constitucional y por tanto requerirá más debates para ser aprobado.
Al respecto, la representante Pizarro expresó que si bien esta iniciativa (como las otras que hacen parte de este paquete de proyectos) las presentaron en la legislatura pasada y no tuvieron éxito, en esta ocasión responden no solo a las recomendaciones de organismos internacionales como Human Right Watch, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también a un ambiente internacional en el que varios países y parlamentos del mundo, como el de Inglaterra, están abogando para que pare la violencia policial en Colombia.
“Que la vida, la integridad humana, y las libertades sean consideradas los límites de la actividad policial. Se debe prohibir la tortura, los tratos crueles, la utilización de armas de fuego y regular algo que se volvió una estrategia utilizada en el marco del Paro: los traslados por protección. Decimos que solo exista cuando no haya una tercera persona que asegure la protección del manifestante, o que se efectúe como único medio disponible para evitar que una persona ponga en riesgo su vida”, señaló Pizarro.
Sacar a la Policía de la justicia penal militar
Los legisladores presentarán nuevamente un segundo proyecto: sacar a la Policía de la justicia penal militar para que los delitos cometidos por uniformados y que violen los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario sean juzgados por la justicia ordinaria. Según el senador Iván Cepeda, esta medida respondería a la naturaleza civil de la Policía, por lo que dichos crímenes cometidos por los agentes policiales le corresponden al orden ordinario y no a uno militar. En ese sentido, la propuesta establece que los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH “no tienen relación con el servicio policial”.
“Si queremos hacer honor a lo que dice la Constitución, pues una justicia de carácter especializada, como la penal militar, no tiene por qué juzgar los casos de miembros de la Policía que incurrieron en graves delitos o con asuntos sobre movilización”, agregó Cepeda.
Modificar la ley Ascensos Fuerza Pública
El tercer y último proyecto de este paquete propone hacer más estricto el sistema de ascensos de los uniformados. En palabras del senador Antonio Sanguino, aprobar esta ley corregiría la inconformidad de muchos ciudadanos frente a que policías que incurrieron en delitos asciendan de cargo.
“Ha habido casos aberrantes en los que ascienden a oficiales que terminan condenados por graves violaciones de derechos humanos, por masacres, falsos positivos y otros hechos que constituyen infracciones del DIH. En medio del Paro el Congreso aprobó el ascenso del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, que dio órdenes que produjeron víctimas en las movilizaciones: más de 80 personas perdieron sus ojos, hubo desapariciones, muertes. Entonces, se deben valorar aptitudes para los ascensos porque esto incrementa la legitimidad de la Fuerza Pública y la ética profesional de la institución”, manifestó Sanguino.
Así las cosas, el proyecto dispone la suspensión de los ascensos para aquellos miembros de la Fuerza Pública, que estén vinculados formalmente a investigaciones o sentencias judiciales en firme en la justicia ordinaria y la penal militar. También, establece mecanismos de participación ciudadana y transparencia en el trámite de ascensos, mediante audiencias públicas y publicación de la información sobre los ascensos, los cuales permitan asegurar el ascenso mediante los méritos.
La cuarta pata de la mesa
Si bien este paquete consiste en tres proyectos ya mencionados, el senador Iván Cepeda promoverá también un proyecto para desmontar el ESMAD y así cambiar la dinámica de respuesta institucional violenta que ha enlutado las manifestaciones. “El ESMAD se ha convertido en un organismo que viola los derechos humanos de manera sistemática y organizada de cara a la movilización, no solo como respuesta a situaciones de violencia, sino también en contra de personas que protestan de manera pacífica”, comentó. Como reemplazo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Cepeda propone crear una unidad especializada para el diálogo y la mediación para que actúen frente a los hechos violentos en las manifestaciones.
¿Tendrán suerte en su paso por el Congreso? Los cuatro congresistas afirmaron que este es el momento para que estos proyectos tengan éxito en sus debates en el Capitolio: la ciudadanía vive el fervor y la necesidad del cambio, el mundo tiene los ojos puestos sobre Colombia y hay un sentimiento generalizado para efectuar modificaciones para parar la violencia.
