La CAN, un acuerdo de integración de los países andinos que nació en Cartagena

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La Comunidad Andina (CAN), que este sábado celebra su Consejo Presidencial en Bogotá, al concluir la Presidencia pro tempore de Colombia, nació hace 52 años en la ciudad colombiana de Cartagena, con el nombre de Pacto Andino o Grupo Andino.

El acuerdo subregional, integrado actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, es un mecanismo de integración creado mediante el Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo 1969, con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social.

La CAN es uno de los mecanismos pioneros de la integración en América y ha logrado importantes avances en la libre circulación de bienes, servicios y ciudadanos.

Entre sus principales promotores estuvieron los entonces presidentes de Colombia, Carlos Lleras Restrepo; Chile, Eduardo Frei, y Venezuela, Raúl Leoni. Estos dos últimos países fueron miembros en los comienzos de la asociación.

Hoy en día reúne a más de 112 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los 330 mil millones de dólares.

Además de los cuatro países miembros, la CAN tiene cinco países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y dos países observadores: España y Marruecos.

Organismos e instituciones

En 1996 el organismo de integración adoptó el nombre de Comunidad Andina (CAN), luego del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Protocolo de Trujillo, Perú).

Por medio del Sistema Andino de Integración (SAI), la agrupación se orientó en la última década a impulsar una agenda de trabajo en las áreas de comercio, servicios, inversiones, transporte, interconexión eléctrica, identidad andina y movilidad de personas.

El SAI integra los órganos e instituciones creados para la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana.

Entre ellos se encuentran, además del Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión Andina, la Secretaría General, el Tribunal Andino de Justicia y el Parlamento Andino.

Así mismo, dentro del proceso de integración operan el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la CAN, la Mesa Andina de Consumidores, y el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales)

El grupo cuenta con una Presidencia pro tempore ejercida por un período de un año, que se rota entre las cuatro naciones, por orden alfabético.

La Comunidad Andina también tiene organismos y acuerdos educativos y culturales que canalizan el proceso de integración, como la Universidad Andina Simón Bolívar y los convenios Hipólito Unanue y Simón Rodríguez.

Y financieros, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

Normas para la integración

En medio siglo de vida, la CAN ha alcanzado logros en materia de normatividad, comercio, movilidad, energía y telecomunicaciones, gestión de riesgos y propiedad intelectual.

La integración dentro del grupo se rige por Decisiones, que son normas emitidas por el Parlamento Andino, de obligatorio cumplimiento en el ámbito de los países miembros.

En materia comercial, existe un intercambio sin arancel del 100% de los bienes, mayoritariamente productos manufacturados, y regímenes aduaneros comunes.

En lo referente a movilidad, los ciudadanos andinos pueden viajar sólo con el documento de identidad, sin necesidad de visa o pasaporte.

Para la solución de controversias opera el Tribunal Andino de Justicia, considerado uno de los órganos judiciales más activos del mundo.

La unión andina dispone de un marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad.

Y en cuanto a telecomunicaciones, se puso en órbita del satélite SES-10 en la Red Satelital Andina.

La CAN posee también una estrategia conjunta para la gestión del riesgo de desastres, así como un régimen de propiedad intelectual.

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