El Ministerio de Educación presentó a la Procuraduría General de la Nación, una solicitud de indagación al gobernador del Magdalena, en relación con los hechos y acciones sobre el retorno a la prestación del servicio educativo de manera presencial en el departamento.
El Ministerio, hace alusión a una nota de prensa donde el gobernador Caicedo, manifestaba su decisión de que los colegios oficiales del Magdalena no retornaran a sus clases, argumentando que había sido una decisión concertada con los actores educativos del territorio.
Sin embargo, en la solicitud firmada por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se le recordó al mandatario departamental que “la prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media está regulada para desarrollarse de manera presencial; es decir, en el país no existe normativa vigente que permita la prestación del servicio educativo de manera no presencial en forma generalizada en estos niveles de educación”.
Asimismo, explican que la decisión de iniciar la modalidad de trabajo académico en casa, fue con la finalidad de evitar la interrupción de los procesos formativos de los niños. Pero, mientras que este proceso avanzaba, desde el Gobierno Nacional se comprometieron históricos recursos para el sector educativo del país, con miras a que una vez bajara la cantidad de contagios de covid-19 y el Plan Nacional de Vacunación avanzara, se retomara de forma progresiva las clases bajo el sistema de alternancia.
De hecho, desde este ministerio se le recordó a Caicedo que entre agosto y diciembre de 2020, se le desembolsaron $11.131 millones a la Gobernación del Magdalena, provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias para generar las condiciones que permitan el regreso de los niños, niñas y adolescentes. Y esos recursos ni se han incorporado ni menos ejecutado.
Incluso, ante la Procuraduría acusan que el Ministerio de Educación ha realizado reiterados llamados a la Gobernación del Magdalena, entre marzo y junio de este año, para que brinde esta información en relación a la ejecución de los recursos Fome “asignados para que con diligencia y de manera oportuna realice las inversiones requeridas para la adecuación de las sedes educativas y para la implementación del protocolo de bioseguridad en las instituciones educativos del departamento”. Sin embargo, no han tenido respuesta por parte de la entidad territorial.
Por estas y más razones expuestas, Mineducación pide la apertura de una indagación y manifiesta estar atenta a brindar más elementos probatorios al proceso que adelante la Procuraduría.
