La respuesta de Colombia al informe de Estados Unidos sobre cultivos de coca

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Las cifras publicadas por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los EE.UU. (ONDCP) sobre cultivos de coca y producción de cocaína, demuestran que la lucha contra las drogas ilícitas continúa siendo un enorme desafío, en el que Colombia y Estados Unidos continuarán aunando esfuerzos como socios y aliados. El apoyo de Estados Unidos ha sido decisivo para Colombia y continúa siendo fundamental para seguir avanzando.

El aumento en los cultivos ilícitos estimado por la ONDCP contrasta con la reducción, por tres años consecutivos, reportada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la cual para el año 2020 fue del 7%.

Dada esta disparidad en las cifras de la ONDCP y de la UNODC, los técnicos de ambos países y de las Naciones Unidas las revisarán para identificar aquellos criterios metodológicos necesarios para armonizar para el próximo ciclo de medición.

En la reunión binacional del pasado 23 de junio se ratificó que el enfoque amplio de la administración del Presidente Joe Biden frente a la lucha contra los cultivos ilícitos coincide totalmente con la política en ejecución desde comienzo del Gobierno de Iván Duque.

Esto asegura la alineación de esfuerzos de ambos gobiernos, los cuales apuestan por continuar y profundizar una intervención integral en los territorios más afectados por la coca con el fin de crear condiciones para transformar esas zonas, fortalecer el estado social de derecho y lograr sustituir las economías ilícitas por lícitas, a través de la aceleración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y las Zonas Futuro.

Ahora tenemos una oportunidad de redoblar esfuerzos hacia nuestro objetivo común de poner fin a esta destructiva economía ilícita. Colombia y Estados Unidos reconocen que problemas complejos como el narcotráfico requieren soluciones a largo plazo y una respuesta de política integral.

Hemos acordado fortalecer aún más nuestra agenda común en este tema y en otros más amplios como: medio ambiente, desarrollo rural integral que incluya la transformación exitosa y sostenible de economías ilícitas presentes en los territorios, energía, educación, democracia, derechos humanos y continuar generando oportunidades económicas y sociales a los colombianos. También es fundamental desarrollar espacios más concretos para el desarrollo de innovaciones tecnológicas para enfrentar nuestros retos comunes como el narcotráfico.

Nuestra Fuerza Pública, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y nuestros aliados internacionales, lograron en 2020 niveles históricos en erradicación manual e interdicción, que incluyen:

• Un récord histórico de erradicación manual de 130.171 hectáreas de coca.

• Récords históricos de interdicción:

– 505,6 toneladas métricas de cocaína incautadas.

• Cifras destacadas en la lucha de Colombia contra el narcotráfico:

– 8.66 millones de galones de insumos líquidos incautados.

– Más de 44 toneladas de insumos sólidos incautados.

– 5.233 infraestructuras destinadas a la producción de drogas destruidas.

– 546 toneladas de hoja de coca incautadas.

– 63,6 toneladas de base de coca incautadas.

Precisamente, el Gobierno Nacional destaca los avances de la estrategia Zonas Futuro, que prioriza el esfuerzo de las entidades en estas regiones, acelerando los PDET e incrementando la inversión social y para el desarrollo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2021 se presentaron los siguientes resultados en los municipios de Zonas Futuro, en comparación con el mismo periodo de 2020:

– 49 % más de hectáreas de cultivos de coca erradicadas.

Incautaciones:

– 220% más de Cocaína.

– 1.749% más de Marihuana.

– 23 % más de insumos líquidos.

– 18%  más de insumos sólidos.

– 73% más de aeronaves y embarcaciones usadas para transportar droga.

Destrucción de infraestructura:

– 115% más laboratorios de clorhidrato de cocaína destruidos.

– 11% más laboratorios de pasta base de coca destruidos.

Asimismo, hemos logrado asestar fuertes golpes a las estructuras de crimen organizado y grupos armados ilegales como el desmantelamiento del grupo denominado los Caparros y la captura de múltiples cabecillas de las estructuras del Clan del Golfo, los Pelusos, el GAO-r y el ELN.

Como resultado del fortalecimiento en materia de lavado de activos, actualmente se adelantan 2.136 procesos de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo por  la Fiscalía General de la Nación.

Como resultado de la acción de extinción de dominio, se ha logrado recuperar  5.240 bienes de las estructuras del narcotráfico y de otros delitos. En 2020 se registró el valor más alto de bienes afectados con fines de extinción de dominio.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares a 8.701 bienes, cuyo valor supera los 12 billones de pesos.

La cooperación judicial continuará siendo un eje principal en este propósito común. En lo corrido de este Gobierno, se han hecho efectivas 357 extradiciones de colombianos y extranjeros a Estados Unidos.

El gobierno del presidente Iván Duque ha fortalecido el programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos que se ejecuta hoy en 56 municipios ubicados en 14 departamentos y ha vinculado a 99.097 familias que han encontrado una alternativa de desarrollo y progreso social y económico dentro de la legalidad en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza.

Desde agosto de 2018 a mayo de 2021, el gobierno Duque ha invertido $1.2 billones en las familias del programa, lo que equivale al presupuesto nacional asignado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2021. Gracias al programa se han sustituido, a la fecha, 44.185 hectáreas de las cuales 17.967 han sido en este gobierno.

El Presidente Iván Duque lo ha reiterado: el peor enemigo de la Política de Paz con Legalidad es el narcotráfico. No claudicaremos en sentar el rumbo hacia una Colombia libre de coca, con territorios seguros y prósperos y donde nuestros campesinos, nuestras comunidades étnicas, los líderes sociales y defensores de derechos humanos puedan desarrollar sus proyectos de vida sin la amenaza de violencia de la delincuencia organizada y los grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico.

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