La iniciativa, promovida por la propia procuradora Margarita Cabello, gozó de las mayorías aplanadoras del Gobierno en ambas cámaras. Ahora pasará a conciliación antes de ser sancionada por el presidente Duque.
En un mismo día, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en últimos debates el proyecto de ley que reforma la Procuraduría. La iniciativa, de autoría de la propia procuradora Margarita Cabello y que tenía mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, busca reformar el Código General Disciplinario, que es el cuerpo normativo que sienta las bases para comenzar los procesos contra servidores públicos.
Inicialmente, con una votación de 53 votos a favor y nueve en contra, la plenaria del Senado respaldó la iniciativa, que ha sido criticada por organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha advertido que le da facultades propias de los jueces al Ministerio Público, así como facultades de policía judicial: “poder para autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones, entre otras”. Incluso, la MOE había llamado la atención frente a la posibilidad que da el proyecto de aumentar la burocracia al crear una serie de cargos.
Tras la votación de Senado, la Cámara de Representantes hizo lo propio. Con 102 votos a favor y 28 en contra, los representantes le dieron la bendición al proyecto, que ahora pasa a conciliación entre ambos textos, para luego ser sancionado por el presidente Iván Duque. La iniciativa fue radicada por Cabello buscando ajustar la legislación al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del exalcalde Gustavo Petro.
En su determinación, la Corte advirtió el año pasado que la Procuraduría General, como órgano administrativo que es, no puede restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular y reiteró que a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos no es posible destituir e inhabilitar a estos funcionarios a menos que se trate de una consecuencia de un proceso penal. La decisión se tomó al estudiar el caso de la destitución del exalcalde de Bogotá.
Según argumentó la Procuraduría, la reforma al Código General Disciplinario busca atender tres frentes. Con el primero se busca ampliar las facultades jurisdiccionales en cuanto a la tarea disciplinaria del Ministerio Público, “lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad”, explica la entidad. En segundo lugar, que en las dos fases de investigación de un caso, las pesquisas y juzgamientos, intervengan funcionarios diferentes, para que no sean las mismas personas que hagan esas dos funciones.
